El Gobierno aseguró que vetará las leyes que el Senado sancionó este jueves. Si luego del veto presidencial, el Congreso logra los dos tercios de ambas cámaras, los proyectos se convertirán en ley y Javier Milei no podrá judicializarlo, según coincidieron los especialistas.
El Senado aprobó la suba de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la reactivación de la moratoria previsional. Por otro lado, dio media sanción a las dos iniciativas de los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.
Estos proyectos tuvieron voluntades de la mayoría de la oposición, que se reunió en contra del Presidente y consiguió -en algunos casos- más de 48 votos a favor. Este número representa los dos tercios de la Cámara Alta. Es decir, si Milei veta los proyectos, hay posibilidades de que los bloques -con el apoyo de los gobernadores- logren mantener la ley.
Frente a este panorama, el Gobierno estudia judicializar las iniciativas de la oposición con el principal argumento de que “el superávit fiscal es permanente”.
“¿Saben qué? Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. Habrá un poco de volatilidad mientras esto dure y se acabó. La otra alternativa es que no consigamos los números para defender el veto porque el germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente. Pero si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, aseguró Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Sin embargo, más de un abogado constitucionalista sostiene que esto no es viable.
“La insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano”, sostuvo Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista.
Además, agregó: “Sería absurda una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional. En la cual, además, el que promueve y contesta la demanda es el mismo órgano: la Procuración del Tesoro de la Nación”.
En la misma línea opinó el abogado Diego Armesto, en diálogo con TN: “Es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional. Es más, si el Presidente dice que va a vetar, está reconociendo el acto constitucional del proceso de formación y sanción de la ley. No podés ir contra una facultad constitucional”.
Asimismo, explicó que si los senadores y diputados insisten con los proyectos y logran los 2/3 luego del veto, estos se convierten en ley: “No existe la posibilidad de hacer un planteo judicial para decir ‘miren, ellos están usando una facultad que está en la Constitución y está mal’”.