“Nos encontramos a más de una década con un convenio sin fuerza legal, sin inscripción registral de las acciones y además con un litigio internacional en curso”, explicó al respecto la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, al fundamentar la iniciativa.
“Las acciones correspondientes a las provincias que aún no fueron inscritas por falta de instrumentación administrativa y legislativa son vulnerables frente a esa acción judicial de un tribunal extranjero. La ausencia de la inscripción registral dejó a la Provincia expuesta a una afectación ilegítima de su patrimonio”, agregó.
Y valoró “una decisión política fundamental: defender los intereses de nuestra provincia. Este proyecto lo que busca no es solo convalidar este acuerdo federal sino también autorizar al Poder Ejecutivo a iniciar acciones judiciales y extrajudiciales que permitan tres cosas: primero, la inscripción efectiva de las acciones en cabeza de la provincia de Chubut. Segundo, la defensa activa frente al embargo preventivo que ha dispuesto la jueza de Nueva York. Y tercero, la protección de los intereses provinciales ante cualquier pretensión que comprometa su patrimonio”.
En este contexto agregó: “Otro tema que debemos tener en cuenta al analizar este convenio es el reparto que en 2012 se hizo de las acciones. Entre las provincias de Neuquén, Santa Cruz y Mendoza, se quedaron con el 83% del paquete accionario, mientras que Chubut, con 100 años de historia hidrocarburífera, recibió solo el 8,4%”.
“Desde la firma del acuerdo de 2012 hasta hoy, hasta su protocolización, pasaron 13 años de omisión institucional, de desidia administrativa, y de falta de voluntad política de traer a esta Legislatura ese acuerdo”, recordó. Y en este sentido dijo que en el momento de la firma del acuerdo “faltó coraje institucional porque sabían que Chubut había sido enormemente perjudicada en la distribución y el proceso de las acciones”.