Según fuentes del sector, Castillo habría resuelto dar por finalizado el contrato que habilitaba a la empresa a utilizar el muelle, tras no alcanzar un acuerdo por el pago del alquiler.
Ello obligaría a la empresa a retornar las instalaciones y comenzar a operar en el muelle público.
La decisión se habría tomado en paralelo a las negociaciones que la compañía mantiene con el gobierno provincial para renovar la adenda por los permisos pesqueros.
En ese marco, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) evalúa presentar un reclamo formal contra la firma, al considerar que no estaría embarcando al personal previamente acordado.