La investigación se inició en febrero de 2023, tras la difusión de un video que mostraba un líquido anaranjado llegando a la costa, lo que derivó en una denuncia por daño ambiental.
El abogado de la empresa, Luis Ángel Novoa, aseguró que desde el inicio la pesquisa tuvo un “direccionamiento” hacia Conarpesa: “Inmediatamente se fue a la planta, se excavó en un sector y se imputó a la firma, sin verificar que los líquidos provenían de una cámara pluvial que recolecta el lavado de camiones y residuos sólidos de la producción, no de un desecho clandestino”, explicó.
Según el letrado, una pericia realizada por ingenieros y arquitectos demostró que no existen conexiones ocultas en la planta que permitan descargas ilegales. Novoa, según publica el medio La Voz de Chubut, afirmó que los efluentes de Conarpesa se tratan de acuerdo a la normativa y son controlados regularmente por la provincia.
En la causa están imputados dos trabajadores de la empresa -un encargado del área de efluentes y una empleada administrativa- a quienes se los acusa como responsables directos. Novoa remarcó que “no son gerentes ni directores de la compañía” y que fueron injustamente señalados.
Uno de los puntos más controvertidos del juicio es el análisis de las muestras de agua. Novoa señaló que el propio CERPAN (Centro de Investigación y Transferencia de Puerto Madryn) detectó en los líquidos filmados residuos cloacales, lo que, según él, evidencia que otras plantas del parque industrial descargan sin tratamiento adecuado:
“Cuando se filmó la cámara, la planta de Conarpesa estaba parada. Allí se detectaron desechos cloacales que no podían provenir de nuestra empresa”, sostuvo.