El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia admitió la gravedad de la denuncia penal formulada por el empresario Cristóbal López contra su ex abogado por estafa procesal. Pese a esto, la entidad, a través de un comunicado, sorpresivamente, consideró “extraño” la difusión del caso que implicó que se abriera una investigación judicial por una maniobra para hacerse con casi $1000 millones por parte del abogado Esteban Angjelinic, en concepto de honorarios que ya había percibido.
En una suerte de defensa corporativa, que solo en el último párrafo aclara que no avala “indebidos procederes de los abogados y brega por un comportamiento ético y decoroso”, el Colegio Público que agrupa a los abogados de la matrícula en la ciudad se quejó, principalmente, que el caso tuviera amplia repercusión pública y sacudiera a la comunidad jurídica comodorense.
Pero, entre líneas, buscó encapsular la denuncia de López en el marco de lo que defina su propio Tribunal de Disciplina, algo que ocurre en paralelo a la investigación judicial por el ardid en base al cual Angjelinic habría logrado obtener regulación para cobrar honorarios por su participación en litigios por los cuales ya había cobrado de forma anticipada. Eso sería un delito que corresponde a la justicia y excede las facultades de la entidad que agrupa a los matriculados.
Esto generó una grieta dentro del Colegio Público de Abogados de Comodoro porque muchos de sus integrantes consideraron que el comunicado tenía como fin último ocultar una inconducta de uno de sus influyentes miembros. Y que la entidad tiene una función administrativa que debería activar una rápida investigación y emitir una resolución. Muy lejos de tratar de inmiscuirse en un asunto penal –ajeno a su competencia- y, por sobre todo, adelantar opinión, algo que alimenta sospechas de falta de objetividad para tramitar el caso.
Algunos matriculados mascullaron bronca: expresaron que el comunicado había sido inconsulto y cargaron las tintas respecto a que podía considerarse como una invasión a uno de los tres poderes del Estado en un sistema republicano. Además, de que salpicaba la actuación de otros Tribunales de Disciplina que son celosos de cuidar la ecuanimidad de su accionar porque en eso se basa su rol como autoridad institucional.
“Es una práctica habitual”, reconoce el comunicado sin firma que encabeza el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia acerca de la denuncia de clientes sobre el accionar de sus propios abogados, en una curiosa admisión. En la parte en la que busca dar cobertura a Angjelinic sin mencionarlo, remarca el derecho a defensa y debido proceso, además del principio de inocencia. Los comentarios de los usuarios que en redes sociales interactuaron con la publicación dejaron expuesta que la respuesta estaba lejos de clarificar la situación de Angjelinic y se metía en un berenjenal en el que terminaba por confirmar que el caso es un escándalo que ha escalado en la provincia de Chubut.
LOS ANTECEDENTES
Esteban Marcos Angjelinic, ex integrante del conocido bufete Herrera, Angjelinic y otros durante años cobró mensualmente un abono por los servicios de su estudio, el cual era facturado a las empresas de López. La relación contractual entre cliente y abogado entró en crisis por irregularidades en el manejo de los fideicomisos que tenían a cargo y los letrados firmaron los acuerdos por los que habían finalizado la relación de asesoramiento y administración de los pleitos judiciales en defensa del empresario patagónico, sin que se les debiera nada.
Hasta debieron devolver dinero y bienes que habían detraído de uno de los fondos y que no les correspondían. El documento que ya está en manos de la justicia penal deja expresamente aclarado que ya se habían cancelado todos los honorarios entre cliente y abogado por los expedientes en los cuales ahora Angjelinic está intentado cobrar nuevamente.
Dentro de ese convenio firmado en 2023, aparecía además una serie de pagos realizadosa Angjelinic entre 2019 y 2021 por tareas desarrolladas en una demanda que estaba en curso contra López por un desacuerdo comercial, pero que no encontraban justificación porque a la fecha todos los honorarios habían sido cancelados bajo el formato convenido de antemano. A través del engaño logró que el Juzgado de Ejecución N°2 le regulara honorarios por $683 millones, más otros $ 259 millones regulados por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.