La jueza de Garantías Laura Martini autorizó la ampliación de la investigación en una causa que combina los delitos de residuos peligrosos y crueldad animal. El proceso apunta a un vecino de Rawson acusado de haber envenenado a tres perros utilizando un potente veneno oculto en embutidos, lo que provocó la muerte de los animales y generó un riesgo sanitario para la comunidad.
El imputado es Carlos Rivas, señalado como responsable de arrojar, de manera intencional, los chorizos contaminados en un predio de la calle Tamariscos, en el barrio La Isla, el pasado 28 de febrero cerca de las 21:30. Los tres perros —dos hembras y un macho, todos mestizos— consumieron el alimento envenenado y fallecieron poco después.
En su resolución, la magistrada subrayó la gravedad de la conducta y advirtió que, además del daño a los animales, el accionar pudo haber tenido consecuencias directas sobre la salud de las personas.
En la audiencia estuvieron presentes los dueños de los animales, Mauro Martini y Mauro Díaz, representados por el abogado Romano Cominetti, quien interviene como querellante. La investigación la lleva adelante la fiscal general jefa Florencia Gómez, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales.
La fiscal describió los hechos y presentó las pruebas recolectadas hasta el momento, que incluyen peritajes toxicológicos sobre los restos de embutidos hallados en la zona, análisis de los órganos de los perros y elementos secuestrados en la vivienda del sospechoso.
Aún restan producir pruebas antes del vencimiento del plazo legal de seis meses para cerrar la instrucción. Entre ellas, se deben incorporar filmaciones que ubicarían a Rivas en el lugar de los hechos.
Los estudios de laboratorio fueron realizados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Rivadavia y confirmaron la presencia del tóxico en todas las muestras analizadas.
En su exposición, Gómez señaló que el veneno utilizado es un insecticida de amplio espectro, prohibido como agroquímico y altamente letal en dosis mínimas para personas, aves y mamíferos. Recordó además que existen antecedentes de su uso en otros casos, donde murieron cóndores andinos y fauna silvestre.
La fiscal hizo hincapié en el riesgo potencial para la población, especialmente para niños y niñas que viven o transitan en esa zona.
Por su parte, el defensor Pablo Sánchez se opuso a la apertura de la investigación bajo el argumento de que la causa debería tramitarse en la Justicia de Paz, y no en el fuero penal.