Facundo Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), no recuperará la libertad esta semana como se preveía. El juez federal subrogante Gustavo Zapata resolvió prorrogar su prisión preventiva hasta diciembre y, además, aceptar el pedido de la fiscal coadyuvante de Bariloche, Ángela Pagano Mata, para considerar la investigación como un “caso complejo”.
Con esta decisión, la causa podrá extenderse hasta dos años más, lo que abre la posibilidad de que el dirigente permanezca en prisión al menos hasta 2027. La medida se suma a la finalización del plazo original de su detención, dictada tras su arresto en Río Negro y posterior traslado a la cárcel de Rawson.
La postura de la defensa
Los abogados de Jones Huala rechazaron la resolución y anunciaron que apelarán. Desde la Gremial de Abogados, que lleva adelante su defensa, denunciaron que las audiencias en el fuero federal “están arregladas de antemano” y que resulta imposible revertir decisiones ya tomadas por criterios ideológicos.
Asimismo, cuestionaron que se utilicen las declaraciones públicas del líder mapuche como base para una eventual condena. “Facundo corre el riesgo de recibir una pena muy severa simplemente por manifestar opiniones políticas durante la presentación de su libro de poesías. Tiene derecho a expresarse y lo que dijo no puede interpretarse como una admisión de delitos”, remarcaron.
Las expresiones que lo complican
El eje del conflicto judicial se remonta a febrero, cuando Jones Huala fue filmado en un acto en el que reivindicó acciones violentas. “Reivindicamos los sabotajes, y yo particularmente, como miembro de una organización político-militar, reivindico los atentados incendiarios contra las trasnacionales y los terratenientes”, expresó en un video que se difundió masivamente.
El mensaje también incluyó frases de alto impacto: “Estamos dispuestos a quemar pólvora, a largar plomo y a prender fuego lo que destruye la naturaleza que nos legaron nuestros ancestros. Esa es la mayor poesía”, sostuvo.
Repercusiones políticas
Las palabras del dirigente provocaron fuertes críticas. El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, lo calificó como “un delincuente, un terrorista y un miserable con delirios revolucionarios de café” y subrayó que sus dichos “no representan ninguna causa justa, sino que reivindican atentados que ya se cobraron una vida y dejaron a más de 170 familias sin nada en la cordillera”.
Tras la difusión del video, el Ministerio de Seguridad de la Nación —encabezado por Patricia Bullrich— presentó una denuncia por intimidación pública, incitación a la violencia, apología del delito y asociación ilícita. En junio, Jones Huala fue detenido en El Bolsón, en el marco de una feria comunitaria.
Denuncias contra el Estado
Desde la defensa insisten en que la causa tiene un trasfondo político. Según afirmaron, fiscales y jueces “responden a las directivas del Ministerio de Seguridad” y el gobierno argentino busca instalar el discurso del “combate al terrorismo” para alinearse con intereses internacionales.
Con este escenario, la situación judicial de Jones Huala se complica cada vez más y la expectativa de que recupere la libertad en el corto plazo parece lejana.