Durante décadas, cientos de barcos subsidiados por sus países de bandera operaron en aguas del Atlántico Sudoccidental, frente a la Patagonia, sin control ni reglas claras. Su actividad no solo provocó un daño profundo en la biodiversidad marina, sino que también puso en jaque la seguridad alimentaria y el empleo de comunidades costeras que dependen de la pesca.
UN ACUERDO QUE COSTÓ 20 AÑOS
No fue fácil. Se necesitaron dos décadas de negociaciones para alcanzar este consenso internacional que hoy marca un antes y un después. Argentina jugó un rol clave en ese proceso y, de hecho, ratificó el acuerdo hace apenas dos meses, el 22 de julio.
“Este acuerdo es fundamental para luchar contra la pesca ilegal y toda la flota de pesca no regulada que depreda el Atlántico Sur, a su vez que sirve para proteger el ecosistema marino, las comunidades costeras y la pesca sostenible”, explicó Milko Schvartzman, especialista del Círculo de Políticas Ambientales.
El pacto ya tiene validez global gracias a que se alcanzó el umbral necesario de adhesiones: 85 países más la Unión Europea, es decir, dos tercios de los miembros de la OMC. Y lo que viene promete aún más: nuevas regulaciones que continúen cerrando el cerco sobre la pesca destructiva.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
El impacto no es abstracto. Cada pez capturado ilegalmente representa menos alimento en las mesas de los países costeros y menos trabajo en sus puertos. Cada red que arrasa sin control significa menos posibilidades de recuperación para especies claves del Atlántico Sur.
Con la entrada en vigor del acuerdo, la comunidad internacional envía una señal clara: el océano ya no puede seguir subsidiando la destrucción.