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Titulares

Se complica la situación de la cantante acusada de usar los datos de cinco gobernadores para importar ropa

La justicia federal de Tucumán le prohibió a Valentina Olguín salir del país. La acusan de contrabando. Deberá declarar para mejorar su situación procesal.

La justicia federal de Tucumán le prohibió a Valentina Olguín, la cantante acusada de usar los datos de cinco gobernadores para importar ropa, salir del país y la señaló por contrabando.

La acusación llega casi un año después de que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, descubriera que su clave única de identificación tributaria, era utilizada por alguien que ingresaba ropa importada al país.

El fiscal federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, amplió la acusación y le endilgó el delito de “contrabando simulado en concurso real” debido a que se cometieron dos o más delito de manera independiente.

Junto con la ampliación de la acusación, el fiscal ordenó que la cantante se presente a declarar el martes 4 de noviembre a las 10 en los tribunales locales.

A la joven también se le prohibió la salida del país, al menos hasta que brinde sus explicaciones a la justicia.

La ampliación de la imputación sobre Olguín fue dispuesta recientemente por el fiscal federal Agustín Chit, quien quedó a cargo de la investigación luego de que se declarara la incompetencia de otras jurisdicciones como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos, por denuncias similares a las de Jaldo.

Axel Kicillof, Marcelo Orrego, Rogelio Frigerio y Sergio Ziliotto la acusaron de utilizar sus datos fiscales para poder importar ropa que compraba vía courier, un sistema que le permitía sortear las limitaciones impuestas por la AFIP cuando operaba con su propio CUIT.

En las compras virtuales en el exterior, la joven hizo 16 operaciones, según contabilizó la investigación. Cinco fueron a nombre de Jaldo, otras cinco de Ziliotto, cuatro de Kicillof, una de Frigerio y otra de Orrego.

En el caso del gobernador de San Juan, las fuentes señalaron que semanas atrás se logró un acuerdo judicial por un resarcimiento de 500.000 pesos que serán donados a la fundación del hospital de Niños de esa provincia.

Ya en mayo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez había procesado a la joven y le dictó un embargo por 5 millones de pesos.

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