Según el Proyecto, el Gobierno de la Ciudad contará en 2026 con un presupuesto de 17.3 billones de pesos. Ajustado por inflación de acuerdo al REM, significaría un aumento del 3,67% respecto del 2025. Sin embargo, las partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat caen en un 2,94% mientras que los fondos para los organismos de vivienda sufrirán una baja aún mayor: 22,9 % en términos reales.
Con un presupuesto total de 163.725 miles de millones de pesos, los recursos asignados a estos organismos representan apenas el 0,94% del presupuesto total del GCBA. Estas cifras quedan muy lejos de los máximos alcanzados en 2017-2019 cuando el gobierno porteño daba inicio a proyectos de integración socio-urbana en cuatro barrios populares (Barrio Mugica, Villa 20, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno). En dicho período la representación de los organismos de vivienda era del 4% del total del presupuesto del GCBA.
El presupuesto previsto para los organismos de vivienda es el más bajo de los últimos catorce años, en un contexto en el que el presupuesto total de la Ciudad continúa en aumento. Esto refleja una decisión de política pública que reduce de manera deliberada el peso relativo de las políticas habitacionales dentro del gasto total.
La interrupción o paralización de las obras de infraestructura en curso implica una enorme dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década. Las obras inconclusas se deterioran y reproducen las condiciones de precariedad que buscaban revertir. Además, implica una fuerte vulneración de derechos de las familias que habitan barrios populares, y acentúa la segregación urbana, la precariedad habitacional y el acceso deficitario a los servicios básicos, con consecuencias directas en las condiciones de vida y la salud de la población.
Por último, los programas destinados a personas en situación de calle presentan en conjunto un aumento del 3,8% en relación al 2025 (REM). En la distribución recupera preponderancia el Programa de Subsidios habitacionales (que presenta un 23,4% de aumento interanual), en desmedro de los Centros de Inclusión Social (cae 5,8%) y la Red de Atención (cae 36,6%).
Si bien en los últimos años se ampliaron las políticas destinadas a personas en situación de calle -a partir del aumento presupuestario y la diversificación de los dispositivos de alojamiento de emergencia-, sigue siendo necesaria una política habitacional integral que trascienda el enfoque de emergencia.
Como cada año, ACIJ presentó su análisis presupuestario ante la Legislatura porteña, con el objetivo de aportar información y evidencia que contribuya a la sanción de un presupuesto que garantice derechos y priorice las necesidades reales de quienes viven en la Ciudad.