El Gobierno promulgó dos leyes clave: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.
Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.
La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
- Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
- Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:
- Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
- Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
- Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.