Chubut acaba de tomar una decisión institucional de alto impacto: eliminar los fueros, que se presentaban como un blindaje corporativo solo para algunos.
No es un gesto simbólico ni un arrebato coyuntural, se trata de una reformulación de los incentivos que organizan la relación entre poder y responsabilidad.
El resultado es contundente, el 63,6% de los chubutenses optaron por el “Sí”, lo que expresa un mandato ciudadano legible sin eufemismos: nadie por encima de la ley. A partir de hoy, se vuelve a ordenar la gramática básica de la república en clave igualitaria: cargos públicos y representación sindical ya no equivalen a escudos procesales permanentes.
Como analista, sostengo que lo ocurrido debe leerse en tres planos. El primero es el del diseño institucional: al remover barreras de acceso jurisdiccional, el sistema reformado reduce el “costo de transacción” para que la Justicia pueda intervenir cuando existen sospechas razonables de delito. La lógica de pesos y contrapesos de la democracia acaba por fortalecerse puesto que el eventual control judicial deja de depender de acuerdos políticos de desafuero o de mayorías circunstanciales.
El segundo plano es el de la economía política de las reformas: la ciudadanía premió una agenda que tocó una fibra sensible vinculada al hartazgo con los privilegios, y esa señal, en contextos de polarización, vale doble.
El tercero es sociológico-moral: la norma sanciona una expectativa ética mayor sobre quienes detentan poder. En palabras simples, la vara sube y ya no alcanza con “no ser culpable”; hay que ser, además, transparente.
Sé que hay objeciones, son por todas conocidas y algunas alarmas comunican con toques falaces y oportunistas. Algunas advierten que, sin fueros, se vulnera la autonomía funcional del poder político o la independencia judicial. La evidencia comparada y la teoría constitucional no avalan ese fatalismo.
La autonomía se resguarda por otras vías: reglas de competencia, estándares de debido proceso, independencia presupuestaria y garantías para la libertad de opinión en el ámbito parlamentario. Los fueros de arresto o de proceso, en cambio, degeneralizados y mal usados, terminan operando como barreras de impunidad. El equilibrio entre proteger funciones y evitar privilegios siempre fue delicado; Chubut, con este voto, lo resituó donde creo que la mayoría entiende que corresponde, en la responsabilidad ante la ley.
Vale también ubicar el resultado en el clima nacional. Argentina atraviesa una crisis moral antes que económica. Si, lógicamente, la inflación erosiona ingresos; la pobreza y la informalidad ensanchan la desigualdad; el deterioro educativo y de infraestructura condiciona futuros.
Pero lo que corroe el pegamento social es la percepción de que “el sistema” fue capturado por lógicas de privilegio, que la regla general se negocia y que lo excepcional se normaliza según cercanías y cargos. Ese cinismo ciudadano, que se fue acumulando durante décadas, es un ácido que disuelve la confianza y propicia los extremismos.
No hay estabilización macro, despegue productivo ni desarrollo humano sostenible posible sobre una cultura pública que premia atajos. La eliminación de los fueros en Chubut, en este sentido, opera como una palanca moral, es una gran señal que reconstruye un estándar, comunica una expectativa y redefine incentivos.
Es cierto, tampoco conviene idealizar. Eliminar fueros no resuelve, por sí, la corrupción ni garantiza mejores políticas públicas ni políticos, tampoco eleva los estándares de los jueces o sindicalistas.
Es, eso sí, una condición habilitante para que otras piezas encastren mejor, y que se pueda perseguir el delito sin privilegios, que se apunte a la carrera judicial basada en el mérito, compras públicas con trazabilidad, sistemas de integridad y control externos que funcionen, y un régimen serio de conflictos de interés.
Hay, además, una enseñanza político-electoral relevante. En una jornada donde la marea nacional empujó fuerte, el referéndum ganó cómodo.
Esa disociación sugiere que el votante chubutense supo distinguir entre una contienda de poder y un hito institucional. Le habló al presente con la mirada también puesta en el largo plazo. Aun en una atmósfera de voto útil y polarización, emergió un consenso transversal: basta de blindajes.
Es una rareza estadística y, al mismo tiempo, una oportunidad de liderazgo, convirtiéndolo en política de Estado, como se viene haciendo con otros hitos como la Ficha Limpia y la Extinción de Dominio, la provincia continúa desarrollando una marca propia de calidad institucional.
Una última reflexión, más incómoda y más necesaria. La crisis moral argentina no se revertirá con un acto electoral ni con una ley. Se revierte cuando quienes mandan aceptan ser medidos con una vara más exigente que la del ciudadano común, y cuando el ciudadano común deja de tolerar el “todos lo hacen” como coartada.
Chubut dio un paso que interpela a las élites y empodera a la sociedad: quitó atajos. Falta, ahora, que el ejemplo se contagie en todo el país y que el nuevo estándar baje a la práctica cotidiana. Si logramos convertir este hito en cultura de integridad, habremos empezado a cerrar la grieta más profunda de todas: la que separa la república que declamamos de la que realmente vivimos.
Por Rodrigo Almonacid, Lic. En Ciencias Políticas