El Gobierno pone en marcha desde este sábado 1 de noviembre la “normalización” del mercado eléctrico, comprometida con el FMI, mientras avanza en su plan de volver a recortar subsidios en 2026 para achicar el gasto público.
La estrategia combina aumentos en las facturas de luz y gas, cambios en el funcionamiento del mercado mayorista y la eliminación de fondos fiduciarios, salvo el destinado a zonas frías. La meta oficial es reducir el costo fiscal del esquema energético y avanzar en un modelo de precios reales y competencia privada.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió la hoja de ruta para el año próximo cuando estuvo la comisión de Presupuesto del Congreso
“Queremos bajar el peso de los subsidios del 0,6% del PBI al 0,5% el año que viene”, planteó. Para eso, los hogares de ingresos altos pagarán la tarifa plena; los de ingresos medios, el 67%; y los de ingresos bajos, el 43%.
Según su presentación, en promedio el usuario residencial pasará a cubrir el 67% del costo mayorista, desde el 53% de este año y el 44% que pagaba en 2024.
El Poder Ejecutivo formaliza desde este fin de semana la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en línea con la Ley Bases. A través de la resolución 400/2025 se habilitó un esquema de precios marginales destinado a eliminar distorsiones generadas por la intervención estatal y los subsidios amplios. El objetivo oficial es que el Estado vuelva a concentrarse en reglas y regulación, sin manejar el negocio de manera directa.
Durante las últimas dos décadas, la política de precios administrados y ayudas generalizadas para usuarios y empresas alteró las señales económicas e impactó en la inversión privada, explican en Energía. La normalización del MEM busca revertir ese proceso y reponer el principio de marginalismo para determinar los valores en el sistema.