El relevamiento también registra un apoyo extendido a modificar la normativa laboral, con una opinión pública que se inclina por cambios estructurales en línea con las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Si a este guarismo se le incorporan quienes se ubican en una posición intermedia –ya sea porque se consideran “neutrales” o porque afirman que no les resulta particularmente relevante el tema– el universo que no se opone a la modificación asciende al 82,2%.
En otras palabras, más de ocho de cada diez personas se muestran de acuerdo o, al menos, no presentan resistencia frente a la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de los aportes que hoy se descuentan de manera compulsiva a los trabajadores. Sólo un 17,8% sostiene que el sistema actual debe continuar tal como está.
Cuando estos resultados se cruzan con la orientación política de los encuestados, la conclusión es todavía más llamativa. Tanto entre quienes apoyan al oficialismo nacional como entre los votantes opositores predomina de manera clara el acuerdo con que los aportes sindicales pasen a ser voluntarios.
Esta coincidencia transversal –infrecuente en el clima político actual– revela que la discusión sobre las cuotas sindicales constituye uno de los pocos temas en los que se observa un alineamiento mayoritario entre distintos segmentos del electorado, indicando que la demanda de cambio en el esquema gremial excede las divisiones partidarias tradicionales.
Respecto a la posibilidad de que se realicen reformas laborales, más de la mitad de los encuestados (55%) se manifiesta a favor de actualizar o reemplazar la normativa vigente, un resultado que se sostiene aun entre quienes expresan dudas o posiciones intermedias.
Esta inclinación refleja un diagnóstico social extendido: la estructura laboral actual es percibida como rígida, desactualizada y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas. La demanda de cambio no surge sólo de la discusión política coyuntural, sino de una lectura más profunda sobre la necesidad de modernizar reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales.
LAS IMAGEN DE LOS SINDICATOS
Los datos muestran una desconfianza estructural: sólo 15,2% declara una percepción positiva, mientras que 63,9% expresa una valoración negativa.
El rechazo no obedece únicamente a posicionamientos ideológicos. También expresa una experiencia acumulada de distancia con las preocupaciones cotidianas, percepción de estructuras burocráticas y dirigencias encapsuladas desde hace décadas.
El contraste entre su peso histórico y la legitimidad actual queda evidenciado en el relevamiento, donde incluso entre votantes peronistas –su base sociológica tradicional– la negatividad alcanza el 30,2%, revelando que la crisis de confianza excede cualquier frontera partidaria.