La reforma laboral no solo se discute en el ámbito sindical. La discusión también alcanza a las provincias, principalmente en materia de recaudación, debido a una baja en el Impuesto a las Ganancias a sociedades que contempla el proyecto que envío el presidente Javier Milei al Congreso y que no se debatirá hasta febrero.
La relación entre el Gobierno Nacional y los gobernadores dialoguistas tiene vaivenes y ahora volverá a tensionarse, debido a que en la reforma laboral enviada al Senado el Ejecutivo propuso una baja del impuesto a las Ganancias de sociedades (para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente).
En caso de que el proyecto tenga el aval en la Cámara baja y alta del Congreso de la Nación, ese alivio fiscal a las empresas será solventado en casi un 60% por menores envíos de coparticipación a las provincias.
El caso puntual de Chubut, la gestión de Ignacio Torres dejaría de recaudar poco más de $ 17.000 millones, una cifra superior a lo que recibió la Provincia durante todo el 2025 en concepto de transferencias discrecionales.
“El proyecto de modernización laboral tiene varios componentes tributarios. El relacionado con el impuesto a las ganancias se concentra en la rebaja de alícuotas a las empresas y en otros cambios como la exención de pagar ganancias por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación”, destacó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
La estimación es que el costo fiscal directo inicial anual es del orden del 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que en moneda actual serían 1,9 billones (millones de millones) de pesos. Y que de ese total, al Gobierno Nacional le corresponden $ 790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $ 1,12 billones.
A muchos les llama la atención el apuro del Gobierno de incluir cambios impositivos en la reforma laboral cuando el presidente Javier Milei había prometido, en su cadena nacional por el primer año de gestión, una reforma tributaria en la que se eliminarían impuestos que no tenían peso en la recaudación total.
El costo fiscal derivado tensionará la relación con las provincias que ya ven golpeadas sus cajas por la menor recaudación derivada de la caída del nivel de actividad- y por la mora o ausencia del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Se da, además, en medio del toma y daca por el presupuesto 2026, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe tratarse en el Senado, donde para velar por sus intereses los gobernadores tienen mayor peso sobre los legisladores de sus distritos.
En caso de aprobarse la reforma laboral con el cambio en el impuesto a las Ganancias de sociedad, el costo fiscal recién se va a dar en el año 2027, cuando las empresas o personas humanas beneficiadas con la baja de carga presenten sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
“Concretamente, el impacto se daría a partir de mayo de 2027, cuando los contribuyentes empiecen a presentar sus declaraciones juradas y pagar el saldo correspondiente a 2026. Y, posteriormente, en los anticipos derivados de ese nuevo saldo”, destacaron en el informe.
Pero el costo no se distribuye de manera uniforme, del total de $ 1,2 billones, la mayor parte la asume la provincia de Buenos Aires con $ 238.558 millones; la sigue Santa Fe con $ 97.087 millones; Córdoba, $ 96.459; Chaco, $ 54.193 millones; Entre Ríos, $ 53.042 millones; Tucumán, $ 51.682 millones; Mendoza, $ 45.300 millones; Santiago del Estero, $ 44.882 millones; Salta, $ 41.638 millones; Corrientes, $ 40.383 millones.
Luego, Formosa con $ 39.546 millones; San Juan, $ 36.721 millones; Misiones, $ 35.884 millones; Jujuy, $ 30.863 millones; Catamarca, $ 29.921 millones; Río Negro, $ 27.410 millones; San Luis, $ 24.795; La Rioja, $ 22.493 millones; La Pampa, $ 20.401 millones; Neuquén, $ 18.854 millones. Con la misma pérdida, Chubut y Santa Cruz, $ 17.180 millones y por último Tierra del Fuego con $ 13.398 millones.