La difusión de los principales lineamientos de la reforma del sistema de Inteligencia que el Gobierno de Javier Milei evalúa implementar por decreto generó una rápida reacción de dirigentes opositores.
A través de posteos en X, referentes del peronismo, el socialismo y el radicalismo expresaron objeciones al contenido que se conoce hasta ahora y al mecanismo elegido para modificar la Ley de Inteligencia Nacional.
Los cuestionamientos apuntaron al uso del decreto para introducir cambios de fondo, al desplazamiento del Congreso del debate y al impacto que las reformas podrían tener sobre derechos y controles institucionales.
En los mensajes se remarcó que las modificaciones se conocieron en pleno receso parlamentario y sin participación de la comisión bicameral encargada del control y se repitió la advertencia sobre un posible retroceso en materia de controles institucionales y conducción civil.
Los dirigentes plantearon además que el nuevo esquema altera equilibrios internos del sistema y redefine vínculos entre inteligencia, fuerzas armadas y seguridad interior. En ese marco, reclamaron que el decreto sea rechazado y que cualquier reforma se tramite por ley.
EL ROL DEL CONGRESO
Uno de los ejes centrales de los cuestionamientos fue el recurso al decreto. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que el DNU 941/25, según la información, modificaría aspectos sustanciales de la ley vigente sin pasar por el Congreso ni por la Comisión Bicameral.
“Mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió Paulón en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje agregó que “la interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”.
Luego, el diputado planteó cinco ideas sobre el decreto, al que calificó como “duro golpe a la democracia”. Según su detalle, vuelve el “espionaje político”, se le da “carta blanca a la SIDE”, genera “opacidad y secretismo”, deja afuera el Congreso y habilita la vigilancia digital.
Ricardo Alfonsín también expresó su preocupación por la vía elegida. Señaló que se trata de un tema que debería ser debatido y consensuado y afirmó que no existirían razones que justifiquen el uso de un DNU. “Entre gallos y medianoche, Milei modifica la ley de inteligencia”, escribió.
En la misma línea, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau planteó que el alcance del decreto implicaría, en los hechos, el dictado de una nueva ley de inteligencia, con un corrimiento de las facultades del Congreso y denunció que viola “expresamente” la Constitución Nacional. “Pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”.
El exministro de Defensa, Agustín Rossi coincidió en que cualquier modificación de la ley debería realizarse mediante una norma sancionada por el Parlamento. “Este DNU fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.