Ricci remarcó que no se trata de una discusión técnica ni administrativa, sino de una definición política que va en sentido contrario a la realidad que atraviesa la provincia. En ese marco, advirtió que los autoaumentos representan un costo anual millonario que se financia con los mismos recursos que deberían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.
“No se puede naturalizar que un sector del Estado se garantice aumentos automáticos mientras el resto de la provincia hace un esfuerzo enorme para sostener servicios básicos, empleo y actividad económica. Esto no es un derecho adquirido, es un privilegio”, sostuvo la ministra.
Asimismo, Ricci señaló que este tipo de decisiones profundizan la desigualdad, afectan la confianza de la sociedad en las instituciones y envían un mensaje equivocado en un contexto donde el Estado provincial trabaja para ordenar las cuentas y priorizar inversiones productivas. “Cuando faltan recursos y hay demandas urgentes en todos los frentes, autoasignarse beneficios salariales es una provocación”.
Finalmente, la funcionaria sostuvo que “un tribunal que se autoaumenta los sueldos vive de espaldas a Santa Cruz y a su gente”, y subrayó que esta decisión choca de frente con el rumbo que viene marcando el Gobierno Provincial desde el inicio de la gestión. “Desde que asumimos, una de las prioridades del gobernador Claudio Vidal fue ordenar las cuentas públicas, administrar con responsabilidad y corregir desequilibrios heredados de años de desorden financiero. En ese contexto, resulta irrisorio e inaceptable que un sector del Estado decida garantizarse privilegios salariales automáticos, desconectados de la realidad que atraviesan los santacruceños”, subrayó.