Cuando el expediente conocido como “vacunación VIP” en Chubut parecía encaminarse a su cierre definitivo mediante un acuerdo económico, una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal modificó por completo el escenario judicial. El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el sobreseimiento del exdiputado nacional Santiago Nicolás Igón y ordenó que la causa avance hacia un juicio oral y público.
La decisión también involucra a Carlos Emiliano Biondo, quien al momento de los hechos se desempeñaba como responsable operativo del programa de vacunación en Esquel.
El acuerdo que quedó sin efecto
En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había avalado la extinción de la acción penal a través de un acuerdo de reparación integral. En ese marco, Igón se comprometía a pagar 3 millones de pesos y Biondo un millón, fondos que serían destinados al Hospital Zonal de Esquel. La medida les permitía evitar el juicio.
No obstante, el fiscal federal Teodoro Nürnberg se opuso al entendimiento al considerar que ese mecanismo no resulta aplicable en casos que involucran a funcionarios públicos y que el hecho implicaba una “gravedad institucional”.
La Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, dio lugar al planteo del Ministerio Público, anuló la resolución previa y dispuso que el proceso continúe hacia la instancia de debate.
En su fallo, los camaristas sostuvieron que una compensación económica no puede utilizarse para extinguir la acción penal cuando están en juego conductas atribuidas a funcionarios públicos. Además, remarcaron que la afectación a la confianza social generada en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid-19 debe ser analizada en un juicio oral, público y transparente.
Cómo comenzó la investigación
El caso se originó el 17 de febrero de 2021, en las primeras etapas del plan de inmunización contra el Covid-19, cuando las dosis eran limitadas y estaban destinadas exclusivamente al personal de salud y a grupos priorizados.
La pesquisa determinó que Igón recibió la vacuna Sputnik V en el Hospital Zonal de Esquel en un momento en que el esquema oficial no contemplaba la inmunización del grupo poblacional al que pertenecía.
Si bien el exlegislador había consignado factores de riesgo en el sistema “Vacunate Chubut”, la Justicia entendió que, dada la escasez de dosis y la etapa vigente del plan nacional y provincial, no correspondía su vacunación en ese momento.
Por ese motivo, fue procesado como autor del delito de admisión de dádivas, al considerar que la aplicación de la vacuna constituyó un beneficio indebido otorgado en función de su cargo público.
En tanto, Biondo fue imputado como autor mediato, acusado de haber dispuesto la aplicación de la dosis en un contexto en el que la campaña estaba limitada exclusivamente al personal sanitario.