Williams explicó que, en distintas investigaciones, el Ministerio Público Fiscal detectó que internos utilizan dispositivos móviles para cometer estafas, extorsiones y amenazas. “El celular se ha convertido en una herramienta para sostener estructuras delictivas desde el encierro. No se trata de un uso aislado, sino de un fenómeno que requiere una respuesta institucional”, indicó.
En ese sentido, remarcó que el proyecto no busca restringir derechos, sino ordenar y controlar las comunicaciones. “Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse, pero ese derecho debe garantizarse a través de canales supervisados por el Estado. Lo que no puede permitirse es que se utilicen medios no controlados para seguir cometiendo delitos”, afirmó.
Finalmente, subrayó la importancia de avanzar con una normativa clara y uniforme: “Es necesario dar una respuesta integral a un problema que impacta directamente en la seguridad de la ciudadanía. Este proyecto va en esa dirección y por eso entiendo que es importante”.