La Cámara Penal de Trelew confirmó la nulidad de los allanamientos en una causa por presunto cohecho y lanzó duros cuestionamientos contra la fiscal Julieta Gamarra, a quien le reprochó no haber podido sostener jurídicamente la investigación ni responder los argumentos centrales de la defensa.
Uno de los ejes centrales de la resolución es la crítica a la construcción del caso por parte del Ministerio Público Fiscal. Los jueces sostuvieron que la hipótesis de cohecho fue “forzada” y carece de sustento en los elementos básicos del tipo penal.
En ese sentido, remarcaron que José Severiche —quien había denunciado el hecho— no es funcionario público, sino un celador con licencia gremial, lo que invalida de base la figura penal elegida. Además, señalaron que la conducta denunciada —supuestamente ofrecer dinero para “hacer quilombo y frenar las clases”— no constituye un acto propio de la función pública, requisito indispensable para que exista cohecho.
“IR A LA PESCA” Y GARANTÍAS VIOLADAS
La Cámara también fue categórica al cuestionar la forma en que se impulsó la investigación. Advirtió que las medidas dispuestas implicaban una intromisión grave en derechos constitucionales —como la privacidad y la inviolabilidad del domicilio— sin que existiera una hipótesis delictiva sólida.
Incluso, calificó el accionar fiscal como una suerte de “ir a la pesca”, al pretender obtener pruebas sin contar previamente con elementos suficientes que justificaran la sospecha.
En ese contexto, el Tribunal fue aún más contundente al advertir que: “Admitir este tipo de prácticas implicaría convalidar un ejercicio arbitrario de la persecución penal, incompatible con las garantías constitucionales que limitan la actuación del Estado en materia penal”.
LAS PRINCIPALES CRÍTICAS A GAMARRA
Los cuestionamientos más severos apuntaron directamente a la fiscal Julieta Gamarra. El Tribunal sostuvo que:
- No logró demostrar la existencia de un delito.
- No pudo explicar la participación concreta de uno de los involucrados, Ricardo Traversini Loza.
- Evitó responder los argumentos de la defensa durante la audiencia.
- Basó toda su impugnación en una supuesta contradicción de la jueza, sin abordar el fondo del problema.
En un tramo especialmente crítico, los jueces señalaron que la fiscal “no rebatió uno solo de los argumentos centrales” de la resolución impugnada y que tampoco litigó sobre aspectos clave del derecho penal, como la tipicidad, el principio de lesividad o la correcta subsunción de los hechos.