Un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta u$s 350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.
En Chubut, la diputada y extitular de la ANSeS en Comodoro Rivadavia, Maira Frías, es una de las que se benefició con un crédito.
En el caso puntual de la diputada que responde en forma directa al legislador y presidente de la Libertad Avanza en Chubut, César Treffinger, el crédito ascendió a $ 202.940.000, un equivalente a u$s 150.000 en la fecha en la que fue otorgado ese préstamo por Banco Nación.
El crédito generó fuertes suspicacias, principalmente porque fue otorgado en septiembre de 2025, según publica el sito “Cuánto deben” perteneciente a Andrés Sintcofsky.
En este contexto, el crédito que recibió Frías fue otorgado un mes antes de la elección a diputados nacionales que se realizó en octubre en la provincia del Chubut. Este dato provocó resquemores por si parte de los fondos fueron utilizados para la campaña y, principalmente, por la premisa libertaria “anti-estado”.
Para enero de 2026, la deuda de Frías con la entidad ascendía a $ 232.437.000, clasificada como de “riesgo bajo”.
PEDIDO DE INFORME
El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo en el que solicita conocer la operatoria sobre gestión de créditos otorgados a funcionarios políticos y la responsabilidad de sus directores.
El legislador en su presentación solicitó “conocer los mecanismos de rendición de cuentas que utiliza el Poder Ejecutivo para evaluar el desempeño de los directores que designó, mediante decreto”.
“En particular detalle si existen indicadores o evaluaciones específicas vinculadas a la gestión de la cartera crediticia y al cumplimiento de criterios de transparencia e igualdad en el acceso al crédito”, planteó Paulón.
El diputado también presentó un pedido de Información Pública al Banco Central de la República Argentina, vinculado al marco regulatorio y a las funciones de supervisión relativas al otorgamiento de créditos por parte de entidades financieras públicas, en particular del acceso al crédito por parte de funcionarios públicos.
Paulón aclaró que la solicitud “se funda en el interés público comprometido en garantizar la transparencia en la asignación de recursos financieros de carácter público, así como en la necesidad de prevenir y controlar eventuales situaciones de conflicto de interés, trato preferencial o uso indebido de información privilegiada en relación con personas que ejercen funciones públicas”.
En el oficialismo descartaron irregularidades y advirtieron que “en cualquier país la gente saca créditos”. En el Banco Nación aseguraron que hay líneas de préstamos disponibles para empleados del sector público.