La diputada provincial Andrea Aguilera se refirió a la reciente aprobación de la ley que prohíbe la utilización de celulares en establecimientos de detención, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial que logró un amplio consenso legislativo.
Aguilera remarcó que el objetivo principal es “ordenar la comunicación en los lugares de detención”, al tiempo que advirtió que los teléfonos dejaron de ser “objetos neutros” para convertirse en “herramientas de poder que perforan el control estatal”.
En ese sentido, sostuvo que desde los pabellones se continúan cometiendo distintos delitos, como amenazas a víctimas y testigos, estafas, extorsiones y casos de sextorsión, muchos de ellos actualmente bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.
La legisladora también señaló que el derecho a la comunicación “se ha desvirtuado”, ya que los dispositivos móviles se transformaron en un medio para continuar delinquiendo desde prisión.
El proyecto fue aprobado con el acompañamiento de casi todos los bloques legislativos: de un total de 27 diputados, solo dos votaron en contra. Durante su tratamiento, participaron diversas instituciones, entre ellas el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, la Policía provincial, jueces penales, la Universidad y la Comisión para la Prevención de la Tortura.
Además, Aguilera destacó que por primera vez se implementó un formulario online para que la ciudadanía pudiera expresar su opinión sobre la iniciativa, lo que permitió ampliar la participación en el debate.
Por otro lado, al referirse al denominado “Caso Ángel”, la diputada expresó su preocupación por un hecho que alcanzó repercusión nacional. Reconoció que “algo ha fallado” y pidió prudencia mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.
Finalmente, subrayó que el Estado debe mantenerse alerta y aseguró que desde el ámbito legislativo se sigue de cerca la evolución del caso.