En el marco de una investigación por amenazas en establecimientos educativos, se realizaron allanamientos en Trelew y Puerto Madryn con la participación de la Defensoría Pública, en un rol poco habitual dentro de este tipo de operativos.
El secretario de Coordinación y Política Institucional del organismo, Germán Kexel, explicó que la intervención se dio especialmente en Puerto Madryn por disposición judicial. “No es lo habitual que estemos presentes en allanamientos, pero la jueza solicitó la participación del área de familia para resguardar derechos, principalmente de menores”, indicó.
Según detalló, estos procedimientos implican una afectación de derechos, por lo que se buscó garantizar que se desarrollen sin violencia y con control institucional. “Nuestro papel es más de contralor, de garantizar que se respeten las condiciones”, señaló.
En cuanto a la investigación, Kexel precisó que uno de los principales objetivos es el secuestro de dispositivos electrónicos. “Se buscan celulares y otros elementos, porque muchas veces los menores que realizan estas acciones las publican en redes sociales”, explicó.
Finalmente, el funcionario consideró que, más allá de la vía judicial, sería más efectivo abordar estos casos desde lo institucional. “Creo que es más eficiente una intervención de la escuela que un juicio penal”, opinó.