La investigación fiscal determinó que, entre febrero y marzo de 2026, la pareja ejecutó un plan sistemático para ganarse la confianza de sus clientes y apoderarse de bienes sin pagar por ellos. El “modus operandi” incluía:
- Falsas señas en concesionarias: Realizaban pagos mínimos por fletes en agencias oficiales de Buenos Aires. Cuando las víctimas llamaban para verificar, la agencia confirmaba un trámite a nombre de los imputados, lo que servía de “anzuelo” para que entregaran sus ahorros.
- “Vehículos mula”: Para evitar sospechas, entregaban a las víctimas autos de menor valor (como modelos VW Suran) obtenidos en estafas previas, para que no se quedaran “a pie” mientras esperaban los vehículos de mayor gama prometidos.
- Fachada legal: Utilizaban pagarés que jamás cancelaban y formularios 08 firmados para simular una operación lícita.
- Ocultamiento veloz: Una vez obtenidos los vehículos de las víctimas, los transferían rápidamente a allegados o los escondían para evitar que la Justicia los encontrara.
LAS CONDICIONES DEL ACUERDO
A través del instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, la pareja evitará avanzar a un juicio siempre que cumpla estrictamente con las siguientes reglas durante un plazo de tres años:
- Restitución de bienes y documentos
Los imputados deben devolver de inmediato un vehículo Volkswagen Amarok y entregar los formularios 08 firmados correspondientes a dos VW Suran y un VW Vento.
- Compensaciones económicas millonarias
El acuerdo contempla el pago de importantes sumas de dinero a los damnificados para cubrir el perjuicio causado:
- $60.000.000 (sesenta millones de pesos): A favor de una víctima por una camioneta Toyota 2023, pagaderos en cinco cuotas mensuales.
- USD 22.000 (veintidós mil dólares): Destinados a otro de los afectados, a cancelar en tres cuotas.
- $6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos): Para un tercer damnificado, dividido en dos pagos.
- Control judicial
Además de los pagos, los imputados tienen la obligación de presentarse dos veces por semana ante las autoridades para constatar su domicilio y demostrar su sujeción al proceso.
Si la pareja incumple cualquiera de los pagos o las reglas de conducta, el beneficio de la suspensión de juicio será revocado y la causa avanzará hacia un juicio oral y público.