El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reconfiguración del Poder Judicial al remitir al Senado 30 nuevos pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos, correspondientes a una amplia variedad de fueros y jurisdicciones.
Con este último envío, ya son más de 110 los nombramientos propuestos por el Ejecutivo desde el inicio del actual proceso, una cifra que refleja la magnitud de un recambio largamente demorado y que vuelve a colocar a la Justicia en el centro del debate político e institucional.
Las nuevas candidaturas abarcan los fueros Criminal y Correccional, Criminal Federal, Penal Económico, Civil, Comercial y Federal del interior, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en distintas provincias.
El paquete incluye además pedidos de prórroga por cinco años para magistrados que alcanzaron la edad jubilatoria, una decisión permitida por la Constitución pero que requiere aval expreso del Senado y suele generar discusiones tanto jurídicas como políticas.
El listado elevado por el Poder Ejecutivo contiene postulantes para juzgados y tribunales de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero, lo que da cuenta de un intento de cobertura territorial amplia.
En la práctica, se trata de cargos clave para el funcionamiento cotidiano del sistema judicial, muchos de ellos vacantes desde hace años o cubiertos de manera interina, con el consiguiente impacto en la celeridad de los procesos y en la calidad del servicio de justicia.
Entre los nombres que figuran en los pliegos se destacan Fernando Carlos Damián Pascual, propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41 de la Capital Federal, y Javier Rodrigo Pereyra, candidato al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3. Ambos cargos pertenecen a un fuero especialmente sensible por su intervención directa en causas penales de alto impacto social y mediático.
En el fuero civil, el Ejecutivo impulsa, entre otros, los nombres de Florencia Inés Córdoba, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 66, y Lucila Califano, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 9. Se trata de juzgados con alta carga de trabajo, donde la cobertura definitiva de vacantes resulta central para reducir demoras en litigios civiles, comerciales y de familia.