La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la causa por la represión a jubilados durante una marcha frente al Congreso, dispuso investigar a todos los responsables y apartó a jueces federales, al considerar arbitrario el archivo impulsado por el fiscal Eduardo Taiano.
La Sala II, integrada por Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, hizo lugar al recurso de la querella presentada por Adolfo Pérez Esquivel y patrocinada por María del Carmen Verdú, según surge del fallo.
El tribunal basó su decisión en registros audiovisuales del canal TN, donde se observó el accionar policial contra manifestantes jubilados sin resistencia, lo que generó conmoción entre periodistas presentes.
Slokar sostuvo que el operativo de seguridad, en lugar de garantizar derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, se convirtió en un impedimento sin justificación para el uso de la fuerza.
El magistrado advirtió además sobre un “paradigma de combate” en las fuerzas de seguridad y alertó que la violencia estatal contra sectores vulnerables produce un “efecto desaliento” que afecta el debate público y la democracia.
También citó estándares de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a investigar la violencia contra manifestantes pacíficos y prevenir la impunidad.
Ledesma adhirió al voto de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal de origen, mientras que Yacobucci votó en disidencia al considerar inadmisible el recurso.
Casación dejó sin efecto el archivo, apartó a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens y ordenó nuevas medidas de prueba, en un fallo que cobra relevancia en un contexto de cuestionamientos internacionales sobre las libertades públicas en el país.
El tribunal destacó que la falta de control judicial frente a excesos represivos puede deteriorar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana.