El Poder Ejecutivo oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal, una medida que refleja la crítica situación de saturación en las cárceles del país.
Mediante la Resolución 439/2026, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, extendió la vigencia de esta categoría por otros 24 meses, debido a que la cantidad de internos ha superado ampliamente la infraestructura disponible.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) registra actualmente una población de 12.248 personas, lo que representa un excedente del 6% sobre la capacidad operativa máxima de 10.932 plazas.
El informe que acompaña la resolución detalla una presión constante sobre el sistema: entre fines de 2023 y marzo de 2026, ingresaron más de 15.000 nuevos detenidos. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la demanda contenida: existen actualmente 5.073 personas bajo arresto que aguardan una vacante para poder ser trasladadas a unidades federales.
La composición de la población carcelaria muestra que el 61,83% son internos con condena firme, mientras que un 38,17% permanece bajo proceso judicial sin sentencia definitiva.
Un punto central que el Gobierno subrayó para justificar el colapso es el retraso en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, el SPF debe custodiar a 5.983 detenidos vinculados a causas ordinarias porteñas, lo que equivale a casi la mitad del total de la población alojada.