Un fallo que nació en pandemia habilitó el uso de teléfonos en cárceles bonaerenses. Seis años después, fiscales y jueces advierten que desde las celdas se extorsiona, se estafa y hasta se ordenan delitos graves. El caso de un soldado de 21 años expone el costo humano de un sistema que no logra controlarse.
Las cárceles deberían ser el límite. El punto donde el delito se detiene. Pero en la provincia de Buenos Aires, ese límite parece cada vez más difuso.
Detrás de los muros, en pabellones donde conviven miles de detenidos, hay otra realidad que creció en silencio: celulares encendidos, conexiones activas y, con eso, una nueva forma de delinquir que no necesita salir a la calle.
El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible. Y para fiscales y jueces, ya no se trata de episodios aislados, sino de una modalidad extendida que expone una falla estructural.
“En las diferentes celdas incautamos teléfonos obtenidos legalmente y otros no”, asegura el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari.
“Sobre esos teléfonos trabajamos en dos esquemas. En primer lugar, maniobras del sesgo estafatorio en las cuales los imputados privados de su libertad se hacen pasar por personas pertenecientes a empresas”, agrega el fiscal Ferrari.
Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. “El listado de lugares en donde está permitido el uso de teléfonos celulares es cortísimo. Es solo en la provincia de Buenos Aires”, asegura Miguel Perrota, ex titular del Servicio Penitenciario Federal.
EL CASO DEL SOLDADO QUE EXPUSO LAS FALENCIAS
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años. Era formoseño y cumplía funciones como soldado en la Quinta Presidencial de Olivos. El 16 de diciembre de 2025 fue hallado muerto.
La investigación reconstruyó una secuencia previa marcada por el miedo: había sido víctima de una extorsión sexual. Del otro lado, quienes lo contactaban aseguraban ser autoridades y lo amenazaban con iniciar una causa en su contra.
Para evitarlo, le exigían dinero. Según la causa, realizó al menos cuatro pagos por un total cercano a 1,4 millones de pesos.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado determinó que la maniobra había sido ejecutada por internos alojados en el penal de Magdalena. “Este caso demuestra con claridad cómo desde una cárcel se puede cometer un delito grave hacia el exterior”, sostuvo la magistrada.
Y fue más allá al poner el foco en el rol de la tecnología: “Sin celulares, esta extorsión no hubiera sido posible en estos términos”.
Rodrigo dejó una carta. En ella mencionaba el miedo y la presión que atravesaba. Su padre lo recordó con dolor: “Era un chico callado, reservado y alegre. Me gustaría tenerlo en vida”.
Fuente: TN