El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, confirmó que la entidad presentó el pasado 26 de mayo una solicitud al Ejecutivo provincial y a la Secretaría de Pesca para que se convoque a una mesa intersectorial destinada a analizar la situación que atraviesa la actividad y avanzar en un proyecto de emergencia pesquera.
Según explicó, el objetivo es abrir un espacio de discusión sobre el desarrollo de la industria y las herramientas necesarias para sostener la actividad en un contexto de crecientes costos operativos.
Uno de los principales puntos de conflicto es el reclamo del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), que solicita una actualización del 26% en la tarifa de estiba. De la Fuente sostuvo que ese incremento “no lo soportará la pesca” y remarcó que el sector necesita conocer en detalle los fundamentos del pedido, aunque insistió en que la suba resulta inviable para las empresas.
“El que paga la cuenta de la estiba es CAPIP y ese costo impacta directamente en las plantas”, señaló. En ese sentido, explicó que la competitividad de la actividad depende en gran medida de mantener controlados los costos, ya que el precio final de los productos pesqueros está determinado por el mercado internacional y escapa al control de las empresas locales.
El dirigente destacó además que la preocupación del sector está vinculada a preservar las fuentes laborales. “Queremos mantener el nivel de empleo, nadie ha quedado en la calle”, afirmó, al tiempo que reclamó herramientas que permitan afrontar los aumentos sin comprometer la continuidad de las operaciones.
De la Fuente también comparó los costos de estiba con otros puertos del país y aseguró que en Mar del Plata el servicio cuesta aproximadamente la mitad. “No solo son los costos, también hay cuestiones logísticas que influyen”, indicó.
Por otra parte, recordó que el Consejo Federal Pesquero eliminó recientemente la restricción de temporalidad que afectaba a los buques fresqueros. A partir de esa decisión, las embarcaciones pueden descargar en cualquier puerto del país y ya no están obligadas a regresar a puerto cada 72 horas, independientemente del estado de sus capturas.
Desde CAPIP consideran que este nuevo escenario incrementa la necesidad de mejorar la competitividad de los puertos patagónicos para evitar una pérdida de actividad y de descargas en la región.