El jefe de la comuna rural de Gastre, Marcelo Aranda, defendió los controles sobre el transporte y comercialización de leña y sostuvo que las exigencias responden a las normas vigentes para evitar la venta de madera de procedencia ilegal.
En diálogo con LU20, respondió a las quejas de vecinos que cuestionaron los secuestros de cargamentos y las dificultades para abastecerse en medio de las bajas temperaturas. “Hay una ley de la Secretaría de Bosques y los controles son más estrictos porque puede tratarse de leña robada. Es un trabajo conjunto con la Policía y hay gente que compra más barato sin conocer la procedencia”, explicó.
Aranda indicó que los operativos se realizan principalmente sobre la Ruta Nacional 25, entre Dolavon y Esquel, y atribuyó el mayor control a la incorporación de nuevas autoridades policiales. “Los vendedores tienen que estar registrados en la Secretaría de Bosques y pagar un impuesto, pero algunos quieren todo gratis”, afirmó.
Respecto al abastecimiento en la localidad, señaló que este año hubo dificultades debido a que muchas familias esperaban el aporte del Gobierno provincial. En ese sentido, destacó que la Provincia destinó 18 millones de pesos para la compra de 200 metros de leña, aunque reconoció que la demanda total ronda los 650 metros.
“Trabajamos junto a la ministra Florencia Papaiani y con el gobernador. Hoy logramos que la gente del campo ya tenga leña y el problema está solucionado. Todavía falta completar parte de lo que necesitamos, pero hay proveedores habilitados que venden dentro del pueblo”, señaló.
Finalmente, rechazó que la comuna impulse controles policiales contra los transportistas. “No estamos mandando a la Policía a parar camiones con leña. Hay proveedores que compiten entre ellos y trabajan dentro del marco de la ley. Los permisos no se sacan en la comuna ni en la Policía, sino ante los organismos correspondientes”, concluyó.