En este marco, la funcionaria Eugenia Castro solicitó la aplicación de la medida de prisión preventiva contra el imputado. Así las cosas, la jueza María Marta Ponce Ventura hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. En tanto, el abogado defensor del detenido solicitó una revisión de la resolución judicial que tendrá lugar mañana a las 09:00.
Según consta en el legajo de investigación, el primer hecho ocurrió el 16 de abril de 2026 a las 19:00 en circunstancias que el imputado llamó por teléfono y le manifestó diversas amenazas que provocaron temor en la víctima. Diez días después, el 26 de abril de 2026, se registró el segundo hecho en la vivienda que compartían el imputado y su ex pareja en la localidad de Cholila. Luego de una discusión, el procesado efectuó amenazas contra la víctima manifestándole que iba a utilizaría todos los medios para quitarle a sus hijos. En esa misma jornada, el agresor comenzó a golpear las puertas y ventanas de la vivienda al mismo tiempo que intentaba ingresar a la casa. También profirió insultos contra la denunciante logrando así amedrentarla pareja.
A las 19:00 de ese martes 26 de abril, el procesado se presentó nuevamente en la casa de la víctima, incumpliendo una orden judicial de prohibición de acercamiento y contacto por un radio de hasta 100 metros, dictada por el Juzgado de Familia de Lago Puelo el domingo 24 de abril.
En tanto, al día siguiente, a las 09:30, el agresor se presentó en la Escuela n°75 donde asiste uno de sus hijos. De esta manera desobedeció la medida judicial de la que había sido notificado dos días antes y establecía una vigencia por el plazo de 30 días. Finalmente, el 28 de mayo, el imputado a través de un amigo en común con su ex pareja, le hizo llegar una carta. De esta manera incurrió nuevamente en una desobediencia judicial.