La denuncia presentada por la fiscal de Esquel, María Bottini, por presuntas presiones y amenazas relacionadas con una investigación sobre un supuesto fraude en la mutual Aonikenk generó una fuerte reacción dentro del ámbito judicial. Al respaldo expresado por el Consejo de Fiscales se sumó la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, que manifestó su preocupación por los hechos denunciados.
La presidenta de la entidad, Carina Estefania, sostuvo que las acusaciones deben ser investigadas a fondo para determinar quiénes estarían detrás de los intentos de influir en la labor de la funcionaria judicial.
“En lo personal, nunca nadie me presionó ni me hicieron sugerencias. Sí estamos sujetos a críticas. El problema es cuando deja de ser una crítica y pasa a ser una presión o una amenaza”, expresó en declaraciones a LU20.
La magistrada consideró que la situación no puede ser tomada como un hecho aislado y remarcó la necesidad de esclarecer lo ocurrido. “Hay que investigar, no es casual. Hay que saber quiénes están presionando a la doctora Bottini”, afirmó.
Asimismo, advirtió sobre las consecuencias institucionales que este tipo de episodios pueden generar. “Ojalá no vuelva a pasar esto. Estamos viviendo un deterioro del sistema judicial”, señaló, al tiempo que reclamó una respuesta firme por parte de los organismos competentes.
En ese sentido, Estefania sostuvo que el propio Poder Judicial debe avanzar en la investigación de estos mecanismos de presión para garantizar la independencia de los funcionarios encargados de llevar adelante causas sensibles.
La controversia se da en el marco de una investigación sobre la mutual Aonikenk, vinculada a la Cooperativa de Servicios Públicos “16 de Octubre” Ltda. de Esquel. La entidad y parte de su conducción han quedado bajo la lupa por denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la facturación de tasas, aumentos tarifarios cuestionados y actuaciones judiciales vinculadas a un supuesto fraude. La denuncia de Bottini abrió un nuevo capítulo en un caso que mantiene en vilo a la comunidad esquelense y al ámbito judicial provincial.