A pocas horas del acto eleccionario, persistía un escenario de absoluta incertidumbre e ilegalidad. Al día de la fecha, la Lista Azul no había sido notificada formalmente sobre la oficialización de la boleta que supuestamente participaría de la elección, ni tampoco había recibido comunicación oficial respecto de la constitución de las mesas, la designación de autoridades, los fiscales habilitados, el procedimiento de escrutinio y demás aspectos esenciales para garantizar la transparencia y legalidad del comicio.
A ello se sumó un hecho de extrema gravedad institucional: hasta el momento tampoco se habían oficializado las listas de candidatos a consejeros, quienes serían los responsables de conducir la Cooperativa Eléctrica de Trelew durante los próximos años. Resultaba inadmisible que, a horas de la elección, los socios desconocieran oficialmente quiénes eran los candidatos habilitados para integrar el órgano de conducción de una de las instituciones más importantes de la ciudad.
Estas irregularidades se agregaron a las arbitrariedades y decisiones discrecionales que veníamos denunciando desde el inicio del proceso, las cuales restringieron la participación democrática, vulneraron el derecho de los socios a elegir libremente y afectaron los principios de igualdad, transparencia y legalidad que debían regir toda elección.
En estas condiciones, resultó imposible convalidar un proceso que carecía de las mínimas garantías institucionales y democráticas.
La presentación judicial tuvo como finalidad que la Justicia Federal interviniera para restablecer el orden jurídico, proteger los derechos de los socios y evitar que se consolidara un proceso electoral viciado de nulidad.
La Lista Azul reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia cooperativa, la transparencia institucional y el respeto irrestricto de la voluntad de los asociados, principios que hoy se encontraban gravemente comprometidos. “Nuestro retiro de este proceso no significó renunciar a esa defensa; por el contrario, implicó no legitimar con nuestra participación un acto electoral que se desarrolló sin las garantías mínimas que exige el Estado de Derecho”, aseguraron.