El Frente Orgullo y Lucha, que integra a las principales organizaciones LGBT del país, celebró la suspensión del DNU 62/2025 que prohibía el acceso a tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación de género a personas menores de 18 años: el restablecimiento de la salud integral en adolescentes trans se dio luego de una decisión judicial.
La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera cautelar los efectos del decreto por considerar, de manera preliminar, que restringe un derecho reconocido por el Congreso y reemplaza un sistema de evaluación individual por una prohibición absoluta.
La resolución judicial restablece la plena vigencia del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para niñas, niños y adolescentes, que garantiza -nuevamente- el acceso a los tratamientos de afirmación de género previstos por la ley, bajo los estrictos requisitos y controles que el propio marco normativo establece.
Valeria Paván, la presidenta de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), consideró el fallo como “un abrazo y un límite contundente a la crueldad”, al tiempo que sostuvo: “La justicia frenó el intento de la extrema derecha de arrebatarnos la salud integral y de borrar a nuestras adolescencias trans”.
Paván, que además coordina el Programa de Acompañamiento Integral para Niñeces y Adolescencias TT y No Binaries del Área de Salud de la CHA, agregó: «El acceso a los servicios de salud integrales redunda en un mayor bienestar de la persona. Su prohibición sólo generó un impacto profundamente negativo en su libre desarrollo».
«En el pasado, la imposibilidad de acceder a terapias de hormonización e intervenciones quirúrgicas provocó que, para intentar lograr cambios corporales, muchas recurrieran a la inyección de silicona líquida, práctica que ocasionó graves daños a la salud y contribuyó a una menor expectativa de vida de las personas travestis y trans», cerró Paván.
Por su parte, Ricardo Vallarino, activista de 100% Diversidad y Derechos, enfatizó: «Esta decisión restituye los derechos de adolescentes trans y sus familias a tomar sus propias decisiones sin la inmiscusión arbitraria del Gobierno. El fallo reafirma el imperio de la ley frente a decretazos arbitrarios e inconstitucionales. Ahora reclamamos al Congreso que asuma su responsabilidad y rechace los DNU 61 y 62 de manera inmediata».
Por su parte, Natalia Bertazzoli, de la Asociación Civil Agrupación de Familias de Niñes y Adolescentes TTNB MUNAY, expresó: «El fallo significa hacer cumplir una ley vigente, construida con enorme responsabilidad y respaldada por amplia evidencia científica y médica. Todas las terapias se realizan dentro de un marco de evaluación, seguimiento y acompañamiento por equipos de profesionales de la salud».
Mercedes Herreros Casañe, madre de una adolescente trans y activista, destacó que el accionar “devuelve tranquilidad y esperanza a muchas familias que durante estos meses vivimos con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas”.
Las organizaciones que integran el Frente Orgullo y Lucha recordaron que, antes de la entrada en vigencia del DNU, la Ley de Identidad de Género ya establecía un sistema de protección con requisitos estrictos para cualquier intervención médica en personas menores de edad.
Ese régimen contemplaba evaluaciones interdisciplinarias, la participación de la Justicia cuando correspondía, la intervención de especialistas y el análisis individual de cada situación. No existía un acceso automático ni indiscriminado, sino un procedimiento diseñado para proteger a niñas, niños y adolescentes con el fin de respetar su autonomía progresiva.