La decisión de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a importaciones provenientes de más de 80 países generó un fuerte rechazo global. La administración de Donald Trump justificó la medida por la supuesta falta de controles contra el trabajo forzoso en esos países, pero los gobiernos afectados salieron al cruce y anticiparon negociaciones o acciones diplomáticas.
Los gravámenes, que reemplazaron al arancel global temporal del 10% vencido el jueves, entraron en vigor a las 00:01 de este viernes 24.
La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.
Por eso, para la nueva ronda de aranceles, el gobierno estadounidense se amparó en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita represalias ante prácticas comerciales consideradas injustas o discriminatorias. Según el representante comercial Jamieson Greer, la medida busca forzar la eliminación de prácticas sancionadas por la investigación sobre trabajo forzoso.
Según el anuncio de este jueves, las economías que han implementado una prohibición a la importación basada en trabajo forzoso o comprometidos a hacerlo tendrán el arancel del 10%. Entre ellos están Canadá, la Unión Europea, la India, el Reino Unido y la Argentina.
China, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países recibirán el arancel del 12,5%. Sin embargo, algunos bienes que ya enfrentaban aranceles específicos -como el acero y el aluminio- que seguirán como estaban.
EL RECHAZO DE LOS PAÍSES
Brasil fue uno de los primeros en responder. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Estados Unidos de usar el trabajo forzoso como excusa para reforzar el proteccionismo. En un comunicado, Brasil sostuvo que Washington “optó por manipular un tema tan importante” ante la falta de fundamentos legales internos para justificar la suba de aranceles.
La medida representa el segundo aumento arancelario contra Brasil en menos de una semana, tras el gravamen del 25% aplicado el miércoles por supuestas prácticas desleales. Según la Cámara Americana de Comercio para Brasil, la carga total sobre las exportaciones brasileñas llegará al 37,5%.
En la misma línea, Chile anunció que buscará quedar excluido de la lista de países afectados. La Cancillería chilena defendió la “sólida institucionalidad laboral” del país y consideró que la sanción no se condice con los antecedentes técnicos ni jurídicos presentados. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que la medida afecta la competitividad y genera incertidumbre para productores y trabajadores.
En Japón, el portavoz gubernamental Minoru Kihara calificó la decisión de “lamentable” y recordó que la industria nipona cumple con las normas internacionales. Kihara subrayó que el acuerdo bilateral firmado en 2025 fijó un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a cambio de inversiones por 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.