En la antesala del cierre de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, lanzó un mensaje contundente al Gobierno nacional y reclamó la eliminación definitiva de las retenciones.
“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, expresó.
Durante su discurso por los 160 años de la entidad, Pino remarcó que la SRA está “más joven, presente y dinámica que nunca” y repasó la historia de los productores argentinos, desde la Patagonia hasta el Litoral, pasando por la Pampa Húmeda y las regiones vitivinícolas de Cuyo.
“Cada rama de la industria que utiliza nuevas tecnologías y agrega valor a los frutos del campo tiene también un camino recorrido para celebrar”, sostuvo.
El dirigente ruralista subrayó el rol clave del sector en la economía nacional y detalló que, en el último año, la actividad agrícola generó u$s 40.000 millones, la ganadería u$s 34.000 millones y las producciones regionales u$s 11.500 millones, sumando más de u$s 83.000 millones en total.
“Cuando el campo demanda cambios justos a la política, lo hace porque tiene mucho para dar”, afirmó.
RETENCIONES CERO
Pino fue enfático al calificar a las retenciones como un “régimen confiscatorio” que, desde 2002, le quitó al sector u$s 215.000 millones.
En ese sentido, señaló que, cuando el Gobierno redujo ese impuesto, los productores reinvirtieron en genética, maquinaria y mejoras, lo que impulsó el empleo rural y la producción.
“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, sentenció. Y agregó: “Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie”.
El titular de la SRA también pidió que los impuestos recaudados vuelvan en forma de obras y servicios públicos, y cuestionó gravámenes como los ingresos brutos, las tasas viales y los cobros por traslado de mercadería entre provincias, que generan “aduanas internas prohibidas por la Constitución”.