El abogado de Guillermo Quiroga, Oscar Romero, cuestionó el avance de la causa judicial contra el dirigente gremial al sostener que la investigación “está viciada” desde su inicio. Según explicó, el levantamiento del secreto bancario se realizó en el marco de una pesquisa por presuntos delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito, pese a que Quiroga “desde 2009 no cumple funciones en la administración pública porque desempeña una función gremial”.
Romero también rechazó la existencia de un delito patrimonial al señalar que “la persona supuestamente damnificada dice que no hay delito y que nadie le robó”. En ese sentido, afirmó que las transferencias investigadas correspondían a movimientos internos del sindicato con fines administrativos y remarcó que incluso la persona mencionada como damnificada recibió dinero mediante ese mismo mecanismo.
El defensor sostuvo además que Quiroga “está siendo señalado cuando otros funcionarios hicieron lo mismo” y aseguró que se trata de una práctica habitual dentro de la organización gremial. Agregó que los gastos observados en la causa corresponden a la compra de materiales de construcción utilizados durante la edificación de la sede sindical de ATE en Rawson, un hecho que, según dijo, puede ser comprobado.
En cuanto al manejo administrativo, Romero reconoció que pudo haber existido “desprolijidad”, aunque negó la comisión de irregularidades. Explicó que determinadas decisiones se enmarcaban en las facultades habituales de los responsables gremiales.
Por último, el abogado vinculó la denuncia con la disputa interna de ATE. Afirmó que fue presentada durante el proceso electoral del sindicato por cuatro integrantes de la lista opositora a Quiroga y sostuvo que no existió una denuncia previa por los canales internos. “Estamos convencidos de que acá no hubo delito y lo vamos a demostrar”, concluyó.