Luego de largas negociaciones con los bloques aliados, que incluyeron cuatro postergaciones y más de 15 versiones del proyecto, el Gobierno acordó nuevas modificaciones a la Ley de Propiedad Privada, en especial a uno de sus ejes centrales, la reforma de la Ley de Tierras, para conseguir este jueves la media sanción en el Senado.
Los cambios serán presentados mañana a las 16 en la Cámara Alta en una conferencia que encabezarán la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, en calidad de titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
“Son acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados”, se limitaron a explicar desde el oficialismo.
Las principales modificaciones giran alrededor de uno de los temas que más divisiones generó en el recinto: la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
LOS CAMBIOS QUE ACORDADOS CON ALIADOS
Uno de los puntos en los que el Gobierno debió ceder fue la fijación de un límite para la venta de tierras a extranjeros que rondaría entre el 20% y el 25%. Se trata de una cifra superior a la ley vigente, que pone el techo en el 15% a nivel nacional, provincial o municipal, pero que va en contra de la premisa inicial del Ejecutivo que no quería poner límite alguno.
A su vez, los bloques dialoguistas negociaron que sean las provincias -como dueñas de sus recursos naturales, de acuerdo a la reforma constitucional de 1994-, las que tengan la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.
También plantearon la eliminación de los límites departamentales, con el argumento de que limitan el desarrollo local. Así, solo se establecería un límite provincial y debajo de ese límite cada distrito podría dictar su propia normativa.
Las modificaciones a la norma también incluirán que el Estado nacional mantenga la responsabilidad del resguardo de las zonas de fronteras y áreas consideradas clave para la seguridad nacional; y se acordó que haya un registro de las tierras ocupadas por extranjeros tanto en las provincias como a nivel nacional.
Con esas modificaciones, el Gobierno confía en poder poner fin a las discusiones con los bloques aliados -y dentro del propio oficialismo- para avanzar de una vez por todas con su paquete de leyes en el Senado.
Mientras el Senado debate el proyecto, la oposición y grupos autoconvocados movilizarán frente al Congreso en rechazo a la eliminación de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. La Casa Rosada considera la sesión clave para destrabar su agenda reformista y avanzar con su paquete de iniciativas antes de que el calendario electoral dificulte los acuerdos parlamentarios.