El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que permitió destrabar el conflicto portuario que mantenía paralizada la operatoria de más de 140 buques en distintos puertos y vías navegables del país.
Como parte del entendimiento, los prácticos retomarán de manera inmediata las tareas de asistencia a la navegación, mientras que el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del decreto que impulsaba la desregulación del régimen de practicaje y abrir una mesa técnica para revisar la normativa.
Además, se acordó una reducción del 20% en las tarifas del servicio, aunque por el momento el Gobierno no precisó sobre qué cuadro tarifario se aplicará el recorte, qué servicios alcanzará ni la fecha exacta de entrada en vigencia.
La mesa de trabajo estará integrada por representantes de las áreas nacionales de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en la actividad. Allí se analizarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que generaron diferencias tras la publicación del decreto.
El régimen de practicaje, vigente desde 1991, considera esta actividad como un servicio público esencial para la seguridad de la navegación. Los prácticos son profesionales especializados que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso, salida y navegación en puertos, ríos y canales, aportando conocimiento técnico sobre las condiciones particulares de cada zona, mientras que la responsabilidad de la embarcación continúa siendo del capitán.
El decreto impulsado por el Gobierno buscaba ampliar la competencia entre prestadores, flexibilizar algunos requisitos operativos, reducir los casos en los que el practicaje es obligatorio y establecer mayores exigencias de transparencia en la fijación de tarifas. Desde el Ejecutivo sostenían que esas modificaciones permitirían reducir costos logísticos, mientras que los representantes del sector advertían sobre posibles riesgos para la seguridad de las maniobras.
La falta de acuerdo había provocado la interrupción de operaciones en terminales portuarias de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, con un fuerte impacto sobre la cadena logística y energética.
Entre las principales consecuencias se registraron demoras en el ingreso de petróleo a refinerías, dificultades para el despacho de combustibles y retrasos en las exportaciones de crudo.
La situación también generó preocupación por el abastecimiento de combustibles en la Patagonia, ya que buena parte del suministro hacia esa región se distribuye desde terminales ubicadas en Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca, con destino a Comodoro Rivadavia, desde donde se abastece al sur del país.
Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno busca normalizar la actividad portuaria mientras avanza en una revisión consensuada del marco regulatorio que rige el servicio de practicaje.