El presidente de CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano, cuestionó el accionar de la jueza, Amorina Úrsula Testino, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson en una serie de causas iniciadas por maquinistas por diferencias en la liquidación de aguinaldos.
El empresario afirmó que respeta las decisiones judiciales, pero sostuvo que comenzó a advertir situaciones que considera llamativas por la reiteración del mismo abogado y la misma magistrada.
Según relató, el conflicto comenzó cuando el abogado Martínez Zapata empezó a patrocinar a distintos maquinistas que cuestionaban la forma en que CONARPESA liquidaba el aguinaldo. “Son 40 sentencias condenatorias en contra. Pero lo curioso es que siempre es el mismo abogado y siempre la jueza es la jueza de Rawson, la doctora Úrsula Testino”, afirmó.
CUESTIONAMIENTOS POR LOS TIEMPOS JUDICIALES
Uno de los principales cuestionamientos de Álvarez Castellano está relacionado con la diferencia de tiempos para resolver. “Nos demandan por una mala liquidación, contestamos hoy y hoy mismo está la sentencia en contra nuestra. O sea, realmente te impresiona qué rápida la justicia”, sostuvo.
El empresario aclaró que comprende la necesidad de celeridad en los procesos laborales porque están en juego los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, cuestionó que esa rapidez no se aplique cuando se trata de levantar medidas que afectan la actividad de la empresa. “Yo nunca he visto una cosa tan rápida para una cosa y tan lenta para otra”, afirmó.
EL CASO DEL BARCO BARREIRO
Como ejemplo, mencionó la situación del barco Barreiro, sobre el que se había dispuesto una interdicción de salida. Según explicó, el lunes CONARPESA depositó el dinero requerido para levantar la medida, pero la jueza dio traslado a la otra parte.
Álvarez Castellano cuestionó esa decisión: “¿Para qué le vas a dar traslado a la otra parte si estoy depositando el dinero? No te estoy depositando una garantía y que la otra parte la admita, es el dinero”.
Y remarcó que, al momento de realizar sus declaraciones, el barco continuaba interdicto: “¿Qué es lo que más me molesta del tema? Que el barco esté parado”, sentenció explicando que la paralización tiene un impacto directo sobre los trabajadores ya que la captura al ser procesada en planta le supone $70.000 pesos diarios a cada obrero.
El empresario recordó que anteriormente este tipo de medidas se levantaban con mayor rapidez una vez depositado el dinero. “Normalmente, si te hacía una interdicción de salida, es una cosa grave pararte un barco y si lo solucionabas eran horas se levantaba oficio a la Prefectura y listo”, indicó.
DE $13 MILLONES A $260 MILLONES
Otro de los cuestionamientos apunta al cálculo de intereses en una causa antigua. Álvarez Castellano aseguró que una sentencia de 13 millones de pesos de hace tres años habría alcanzado los $260 millones tras la actualización.
“Una sentencia de 13 millones de pesos de hace 3 años. Ella calcula los intereses, hoy se convierte en 260 millones de pesos”, afirmó.
Para Álvarez Castellano, resoluciones de este tipo pueden poner en riesgo la continuidad de cualquier empresa. “Una decisión así deja en jaque a cualquier empresa. Dos o tres casos de esos y una empresa puede irse a pique”, advirtió.
También cuestionó que el abogado patrocinante tendría familiares dentro del Poder Judicial. “O sea, es como que estoy atrapado en un lugar que no entiendo muy bien, pero del que quiero salir”, expresó.
“HAY ALGO MUY RARO”
Álvarez Castellano aclaró que no pretende cuestionar todas las resoluciones judiciales. “No voy a meterme a valorar los fallos porque hay algunos que no tienen. Pero eso es otra historia porque yo puedo tener la razón, pero la señora o la doctora dice que no, y bueno”, explicó.
Su cuestionamiento, sostuvo, está centrado en otros aspectos del procedimiento. “No digo que esté fuera de la ley, aunque lo pienso, pero no lo digo. Creo que hay algo muy raro”, afirmó.
También hizo referencia a la reiteración del mismo abogado en las causas: “Te puedo asegurar que el negocio que han hecho es conmigo. El negocio, ya lo vamos a desmembrar porque estoy haciendo millonario a un abogado, al mismo siempre”.
Y planteó: “me parece que no es normal, entonces no me puedo callar la boca”.
EVALÚA UN JUICIO POLÍTICO
Ante esta situación, el empresario adelantó que mantendrá una reunión con un equipo de abogados para analizar posibles presentaciones institucionales.
“Entienden que se puede hacer un juicio político, que se puede hacer una presentación en el Consejo de la Magistratura, a pedir explicaciones”, anunció indicando que su intención es establecer un límite y generar antecedentes para situaciones futuras.
En ese marco, habló de una presunta “animosidad” en el accionar de la magistrada, aunque aclaró que será ella quien deberá explicar sus decisiones.