Los ejemplares fueron rescatados durante los allanamientos en una vivienda de Rawson, en condiciones de hacinamiento severo, con acumulación de materia fecal y orina de larga data, sin agua ni comida suficiente y sin plan de vacunación antirrábica. Varios presentaban conjuntivitis y cuadros respiratorios o neurológicos, derivados del cruce descontrolado entre ellos. En el lugar también se encontraron cuerpos en estado de descomposición, que convivian junto al imputado.
La fiscal Gómez basó su teoría del caso en los informes de la Directora General de Veterinaria de la Municipalidad de Rawson, las actas de los procedimientos y el material fotográfico y fílmico reunido en el legajo. Con ese respaldo, encuadró los hechos como maltrato (art. 2, inc. 1) y crueldad animal (art. 3, inc. 7) según la Ley Nacional N° 14.346, en concurso ideal con la violación de normas de policía sanitaria prevista en el artículo 206 del Código Penal.
El pedido invocó además el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 109 de la Constitución de Chubut, que garantizan la tutela integral del ambiente y reconocen a los animales como parte esencial de ese bien jurídico. Para la fiscalía, la normativa vigente —Ley 14.346, Ley I-683 con la reforma de la Ley I-814 y la ordenanza municipal N° 8979— no busca solo sancionar al responsable, sino asegurar la vida y la integridad de cada individuo como valor protegido en sí mismo.
La jueza Ponce resolvió otorgar a los rescatados el estatus de seres sintientes, titulares del bien jurídico amparado por esa normativa, y dispuso su entrega definitiva a quienes firmaron las actas de compromiso como depositarios judiciales.