La implementación de la nueva Ley Penal Juvenil puso en evidencia las dificultades que atraviesa Chubut para contar con espacios adecuados destinados al alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Así lo planteó Germán Kexel, secretario de Políticas Institucionales de la Defensoría Pública, quien remarcó que la infraestructura provincial tiene más de tres décadas y no responde a las nuevas exigencias.
Kexel explicó que la normativa establece estándares de protección más elevados para los adolescentes, quienes, por encontrarse en una etapa de desarrollo, requieren personal especializado y lugares de alojamiento con características específicas.
En ese sentido, señaló que la provincia cuenta con dos Centros de Orientación, uno ubicado sobre la Ruta 3 en cercanías de Puerto Madryn y otro en Trelew, pero Comodoro Rivadavia no dispone actualmente de una dependencia adecuada para alojar adolescentes.
“Hay que ser creativos para poder resolver cuestiones complejas”, sostuvo Kexel, al remarcar que la ley nacional comenzó a aplicarse sin que las provincias recibieran los recursos presupuestarios necesarios para afrontar todas las adecuaciones.
Uno de los principales problemas aparece al momento de determinar dónde alojar a un adolescente detenido. El funcionario consideró que no es adecuado compartir espacios con adultos, pero tampoco resulta una solución enviarlo directamente a su domicilio cuando existe una medida de privación de libertad. “Un menor no puede pasar cuatro o cinco horas en una comisaría para adultos”, advirtió.
A esta situación se suma la falta de operadores judiciales especializados. Según Kexel, el nuevo esquema requiere profesionales capacitados específicamente para trabajar con adolescentes, pero actualmente son pocos y su formación demanda tiempo.
El impacto de los traslados
El referente de la Defensoría Pública también puso el foco en las consecuencias que puede generar el traslado de adolescentes desde Comodoro Rivadavia hacia Trelew. Señaló que alejar a un joven unos 400 kilómetros de su familia puede resultar contraproducente, ya que la propia normativa busca preservar los vínculos familiares y comunitarios.
“Si un joven pasa por esta situación y es de Comodoro, muy posiblemente termine en Trelew”, explicó, y consideró que esta situación contradice el objetivo de evitar que el adolescente sea separado de su entorno.
Finalmente, Kexel sostuvo que la implementación de la nueva legislación requiere más infraestructura, presupuesto, capacitación y personal especializado. A la vez, consideró que las dificultades actuales pueden servir para poner en discusión problemas estructurales que durante años no fueron abordados.