El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció este lunes a su cargo en medio de la discusión por los recortes en el sector incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso la semana pasada.
“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, escribió Vilches en una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones.
Allí, el ahora exfuncionario aseguró que su decisión fue motivada por “razones estrictamente personales” y le agradeció al ministro su designación en el área “y la confianza que usted me depositara”.
El médico sanitarista había sido nombrado en febrero al frente de la Senadis, la secretaría dentro de la cartera de Salud que fue creada un mes antes para reemplazar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) luego del escándalo por presuntos sobreprecios y desvíos de fondos que protagonizó su extitular Diego Spagnuolo y otros funcionarios del sector. La denuncia derivó en una intervención del organismo en agosto de 2025 a cargo del propio Vilches, quien hasta ese momento ejercía bajo la órbita de Lugones como secretario de Gestión Sanitaria.
La salida de Vilches llegó en medio de una intensa puja dentro del sector por el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el martes pasado.
El proyecto incluyó de manera sorpresiva un capítulo que deroga parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad, elimina el arancel único del nomenclador de prestaciones y quita al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión.
El texto también fija la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo registrado (hoy pueden combinarse hasta dos salarios mínimos) y retoma un criterio de invalidez laboral, con un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
La magnitud de los cambios despertó enojos entre los bloques aliados e incluso dentro del propio oficialismo, que llevaba adelante negociaciones para avanzar con una nueva ley para el sector que no atentara contra el equilibrio fiscal del Gobierno.