La Legislatura aprobó por amplia mayoría este jueves una serie de modificaciones a la Ley XV N° 30, que regula el juicio por jurados, referidas a las incompatibilidades, la optimización de los padrones y mejoras en su implementación.
El proyecto presentado por la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, en su artículo primero sustituye los incisos c) y d) del artículo 11 de la Ley de Juicio por Jurados.
EJES
Aguilera expuso que las modificaciones “se apoyan en tres grandes ejes: el fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar la función de jurado, la optimización en la elaboración y publicación de los padrones electorales, y la adecuación de competencias institucionales a la actual organización del Superior Tribunal de Justicia, y también a la creación de la Secretaría Electoral en nuestra provincia”.
En esa línea, indicó que “se actualiza la nómina de autoridades pertenecientes tanto a los tres poderes como a los organismos de control que no pueden o que estarían vedados para desempeñarse como jurados”.
Además se incorporó la optimización de medios electrónicos al momento del sorteo de los vocales de los jurados. “La ley establecía el sistema de bolillero, que ya ha quedado obsoleto, y se sustituye por medios electrónicos”, puntualizó.
Al mismo tiempo, Aguilera precisó que se sustituye la notificación, que va a ser un trabajo conjunto de la Secretaría Electoral Permanente con las Oficinas Judiciales, lo que no solamente permitirá evitar el gasto de la comunicación postal, sino que se optimizará el sistema mediante “sistemas de comunicación y de publicidad más eficientes”.
ALCANCES
Por su parte, la diputada de Arriba Chubut Norma Arbilla propuso que más adelante se considere la posibilidad de capacitar y divulgar a la población los alcances del Juicio por Jurados a través de los medios de comunicación gráficos.
“Quizás no está todavía difundido de manera adecuada y esto genera muchísimas reservas en cada uno de los ciudadanos que puede ser convocado. Tal vez a través de la Secretaría Electoral esto pueda multiplicarse como tarea y es sumamente necesario que se haga esta difusión, en función de haber charlado y haber recibido inquietudes de ciudadanos que les ha tocado ser parte de los jurados”, explicó.
EL DEBATE
El diputado del Frente Izquierda, Juan Aquino, quien votó en contra, cuestionó el alcance de estas modificaciones. “En los hechos veda de su calidad de ciudadano a básicamente toda persona que haya cometido algún delito, indistintamente de la naturaleza del delito, del cumplimiento de la pena, de la relación entre ese delito y su calidad de jurado”, sostuvo.
En respuesta a estas críticas, Aguilera replicó que “ser jurado no es un derecho sino una carga pública y que, en los casos que plantea el diputado preopinante, podríamos encontrarnos con que quien ha cometido un crimen y han pasado los años, o no hubo pruebas y fue sobreseído, o han pasado los años de la condena, luego se sienta en un jurado a juzgar precisamente ese tipo de delitos. Imagínese la posición de las víctimas frente a situaciones de esa naturaleza”.
A su turno, en el debate, Tatiana Goic (Primero Chubut- CET), expuso sus reparos sobre las modificaciones que introduce el proyecto. “No se puede estar siempre persiguiendo a un sector de la sociedad, aun -repito- cuando ya ha cumplido con su pena. Me parece que esa marginalidad a la que quieren obligar a vivir a la gente no tiene ningún otro fundamento más que la demagogia punitiva con la que siempre presentan los proyectos”, concluyó.
DESIGNACIONES EN EL PODER JUDICIAL
En otro orden, la Legislatura aprobó las designaciones de Nelson José Schlotahuer como defensor penal de Sarmiento; Ezquiel Maximiliano Castro Abornoz como fiscal general de Puerto Madryn, y Damián Alfredo D’Antonio como defensor penal de Rawson.
El doctor Schlotahuer, expuso la diputada Paulina Hogalde (Despierta Chubut), es egresado de la Universidad Nacional de Rosario, nació en Entre Ríos, y cuenta con una extensa trayectoria en el ejercicio profesional, en la función pública y en la docencia universitaria.
Se desempeñó como docente en la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina en las cátedras de Derecho y Garantías Constitucionales, Derecho Político y Derecho Penal. Ha realizado entre otras la especialización en Derecho Penal dictada por la Universidad de Belgrano y otras diplomaturas.
El doctor Castro Albornoz, indicó la diputada Leticia Magaldi (Despierta Chubut), es abogado egresado de la Universidad de Lomas de Zamora. Cuenta con una trayectoria desarrollada tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público Fiscal. Ingresó en el 2014 al Ministerio Público Fiscal de Chubut, donde se ha desempeñado como funcionario de Fiscalía y subdirector de las Oficinas Judiciales.
El doctor D’Antonio, mencionó la diputada Sonia Cavagnini (Despierta Chubut), es oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y se recibió en la universidad de esa ciudad. Ingresó a la Oficina de la Defensa Penal de Trelew en 2006; dos años después ganó el concurso para ocupar el cargo de abogado adjunto penal. Ejerce funciones desde el 2015 en la Oficina de Defensa Penal de Rawson.