La Cancillería y equipos jurídicos del Ejecutivo definen quiénes participarán de las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal del Mar. Los embajadores Mario Oyarzábal y Betina Pasquali de Fonseca ya fueron designados como representantes oficiales. Las fechas coinciden con la visita del papa León XIV.
El Gobierno prepara la delegación argentina que participará de las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. La Casa Rosada busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, mientras la Cancillería y los equipos jurídicos que intervinieron en la presentación terminan de definir quiénes viajarán para defender el reclamo.
La Argentina ya formalizó la designación de dos representantes ante el tribunal: el embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de Cancillería, figura como agente del Estado, mientras que la embajadora Betina Pasquali de Fonseca fue nombrada coagente. Ambos aparecen en el escrito presentado el 13 de octubre, aunque su designación procesal no implica que esté confirmada su presencia física durante las audiencias.
En el Ejecutivo consideran probable que Oyarzábal participe de las exposiciones en Alemania por su responsabilidad en la estrategia jurídica internacional. El diplomático intervino directamente en la elaboración del reclamo y ocupa un lugar central en la representación argentina. La composición definitiva de la delegación, sin embargo, todavía no fue comunicada oficialmente.
La discusión también comprende la eventual participación de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal, y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Ambos organismos colaboraron con la preparación de la presentación argentina y analizan cómo estarán representados en la instancia oral. En el Gobierno aclaran que la presencia de sus máximas autoridades no es indispensable y que las decisiones dependerán de las agendas y las necesidades del procedimiento.
La Procuración todavía no resolvió si enviará representantes a Hamburgo. Dentro del Ejecutivo consideran que el equipo jurídico que trabajó en la demanda está en condiciones de participar de las audiencias, pero la definición continúa abierta. La prioridad es garantizar una representación adecuada del Estado sin afectar el funcionamiento de las áreas que deberán atender otros asuntos de la administración nacional.
La organización de la delegación está condicionada además por el calendario político. Las audiencias coincidirán con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Milei tendrá actividades institucionales durante la estadía del pontífice, incluido un encuentro en la Casa Rosada, mientras distintos integrantes del Gabinete participarán de la organización y de los compromisos oficiales vinculados con su visita.
Por el momento, la Argentina no contrató estudios de abogados alemanes ni firmas internacionales para intervenir en este litigio, según informaron fuentes oficiales. En la administración nacional sostienen que el procedimiento no exige contar con una representación jurídica privada radicada en Alemania y que la defensa puede llevarse adelante mediante los agentes diplomáticos y los profesionales del Estado.