El Gobierno empezó este martes la defensa a su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para pedir que se ordenen medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.
En una abarrotada sala del TIDM, el asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, Mario Javier Agustín Oyarzábal, afirmó que Argentina buscó reiteradamente la cooperación con el Reino Unido, pero “en lugar de cooperar, concedió licencias de exploración de forma unilateral”.
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles. Es la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
La comitiva oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y la integran el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, que actuará como agente; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. La presentación fue preparada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.
La defensa sumó además a tres especialistas internacionales. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, que representó al país en el caso de la fragata Libertad, cuando en 2012 el organismo ordenó liberar el buque como medida provisional. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.