Forti expuso que el hecho ocurrió con anterioridad a los primeros días del mes de octubre de 2018 y cuyos efectos persisten hasta la actualidad. El acusado habría utilizado maquinaria vial para construir canales, tajamares y obstrucciones –estas últimas con material de ripio y hormigón- sobre el río Genoa, provocando con tal conducta el desvío de sus aguas modificando el curso natural de su cauce en la porción que transita por su propiedad.
Con tal conducta buscó el aprovechamiento de las aguas del río Genoa para uso de su establecimiento ganadero provocando una disminución del volumen que conduce el río sin la adecuada autorización de manejo de aguas otorgado por la autoridad administrativa provincial “Instituto Provincial del Agua” (IPA). Esta situación perjudicó a los vecinos ubicados aguas abajo, como así también a la localidad de Gobernador Costa.
El caso de la Defensa plantea que no hay terceros con derechos sobre esas aguas que fueran perjudicados. “Estas personas que vienen en calidad de víctimas a este debate, no tenían permiso de uso de estas aguas”, argumentó García.
Héctor Arrechea, el acusado, “sí tramitó el permiso ante la autoridad de aplicación, un largo trámite que llevó mucho tiempo. La familia Arrechea presentó proyectos, se sometió a las inspecciones, el permiso fue otorgado y luego fue revocado. Toda la conducta desarrollada por Arrechea ha sido de acuerdo a la ley, de todos los que asistirán al juicio, es el único que tramitó un permiso”, sostuvo la Defensa.
Adelantó que cuestionará la indeterminación de la fecha del hecho, por afectar el ejercicio de la defensa. Del mismo modo rechazará cualquier sindicación respecto de actividades sobre el cauce del río, que no sean las que se especificaron, geolocalizadas, en la acusación.