El encuentro se realizó ayer en la sede de la oficina judicial de la capital del Chubut, donde compareció como acusado el ganadero Ricardo La Regina (38), quien optó por el silencio al momento que la magistrada le cedió la palabra, por lo que todo corrió por cuenta del abogado defensor Federico Ruffa.
A La Regina se lo acusa de haber pasado una retroexcavadora sobre una zona densamente poblada por pingüinos que estaban anidando para abrir un camino y colocar un alambrado de 6 hilos, el más bajo con un boyero electrificado y alimentado por energía solar.
La primera en hacer uso de la palabra hoy fue la fiscal Gómez, quien hizo referencia “a hechos de extrema crueldad hacia la vida animal en forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de Pingüinos de Magallanes en época reproductiva, es desatinado”.
En otro tramo de su descripción la parte acusatoria recordó que el área afectada “constituye una reserva que alberga el 40% de la población reproductiva mundial del pingüino de Magallanes, siendo este sector una de las áreas de mayor relevancia global para la reproducción de la especie” lindera con Punta Tombo.
“Los hechos ocurrieron entre los días 10 de agosto y 26 de noviembre de 2021, cuando sin autorización previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada, se produjeron daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas del lugar, sito en Estancia La Perla, sobre Punta Clara”, a unos 60 km. al sur de la capital del Chubut.
Dicho establecimiento ganadero limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, lugar que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul y Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA).
El defensor de La Regina, el abogado Federico Ruffa, cuestionó la descripción que brindó la fiscalía y recordó que su asistido “hace un año que está en un limbo jurídico porque todos hablan de él y la apertura de investigación se hace recién ahora, y a pedido nuestro”.
Aseguró que la acusación formulada no sustanció los hechos como correspondía, no estableció la calidad del daño que se produjo con exactitud y recriminó inconsistencias en el pedido de apertura de investigación donde abundan frases como “se estima”, “se calcula” o “se sugiere”.
“Hace un año que a mi defendido lo tienen en un limbo jurídico y si no fuera por nosotros que pedimos la apertura esto no se sabe cuándo termina, por eso valoro la actitud de Ricardo La Regina de aceptar que seamos nosotros quienes pidamos que se avance, y agradezco a la jueza que reconozca que se está vulnerando el derecho de la defensa”, dijo a Télam Ruffa tras la audiencia.
El penalista explicó que “la apertura de investigación es el acto procesal mediante el cual la fiscalía formaliza el desarrollo de una tarea de recolección de evidencias necesarias para llevar a la instancia de juicio la investigación sobre un hecho ilícito, la que en teoría se debería hacer de inmediato a los hechos denunciados y no un año después y a pedido del imputado”.
Además recordó que “durante este tiempo su establecimiento ganadero tuvo 3 allanamientos y no puedo dejar pasar por alto que todo esto salta en medio de una disputa familiar por una herencia”.
En la sesión de hoy, realizada en la sala de la oficina judicial con asiento en Rawson, asistieron en representación del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de la nación el asesor legal Cristian Bartoli, quien se retiró sin realizar declaraciones.
También estuvieron presentes abogados en representación de entidades conservacionistas y el especialista en aves Pablo Borboroglu, quien ofició de perito a pedido del Estado provincial.