El gobierno nacional tomó una nueva medida que tiene como objetivo atenuar la inflación desmedida que sufre la economía del país y los bolsillos de los consumidores argentinos. En esta ocasión, se trata de una nueva prórroga del impuesto a los combustibles creado en la ley 23.966, cuyos efectos se trasladarían directamente a los precios.
La norma, sancionada en 1998, creó un tributo que se suma al precio de los combustibles líquidos y el gas natural, con el argumento de financiar fondos de Viviendas e infraestructura en todo el país. Impone montos fijos que se calculan sobre unidades de medida de los productos derivados de petróleo y que se van actualizando en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide INDEC.
Desde el primer trimestre de 2021, el gobierno nacional tomó la decisión de suspender la aplicación de ese tributo, observando que de esta forma se podía aminorar el aumento sistemático de los combustibles en un marco de inflación generalizada.
Pese a que el precio de las naftas, el gasoil y otros derivados sufrirá incrementos con un tope del 4% en los próximos meses, la aplicación del impuesto de la ley 23.966 haría que la suba sea mayor. Eso es lo que busca evitar el gobierno nacional con una nueva prórroga de la suspensión del impuesto.
En principio, el cobro de este tributo quedaría relegado, al menos, hasta el 1° de abril de 2023, según la disposición oficializada este viernes 30 de diciembre en el Boletín Oficial. La prórroga fue establecida mediante el decreto 864/2022 y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro de economía, Sergio Massa.