La lupa de la investigación está puesta en el frigorífico Establecimiento Santa Elena SA -con aval judicial- que, enmascaradas en presuntas demandas laborales, le permitieron a la organización investigada hacerse de bienes a través de remates y embargos que ahora están bajo la lupa.
La fiscal María Bottini explicó la investigación cuenta con tres expedientes laborales, donde el abogado imputado era el letrado representante del trabajador que demandaba al establecimiento Santa Elena SA, un frigorífico que se encontraba en funcionamiento en Gobernador Costa.
“Se embargaron bienes que no pertenecían a esa sociedad y que tenían un valor muy superior a las deudas de esta sociedad con los demandantes. Ese bien fue subastado y adquirido por el coimputado por un valor muy bajo y luego vendido por él a un valor cercano al de mercado”, explicó la fiscal.
A la jueza se le reprocha que, puesta en conocimiento de la existencia de situaciones irregulares por el abogado del denunciante, no formuló la denuncia siendo funcionaria pública. Por ello se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes.